miércoles, 27 de agosto de 2014

Críticas a la nueva ley de servicios sociales de Andalucía. Tres ¿participación?


Este mes estoy dedicando las entradas del blog al análisis del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que se encuentra en fase de exposición pública. A modo recordatorio, en la primera entrada expuse los problemas de la nueva ley de servicios sociales con respecto al objeto del sistema y en la segunda hablé sobre las privatizaciones. En esta tercera entrada me propongo escribir sobre el papel que la ley otorga a la participación ciudadana, que es, por así decir, escaso.

Para comenzar, el término participación aparece la friolera de 67 veces en el texto, lo que pudiera llevar a pensar que la participación juega un papel relevante en el articulado; trataré de demostrar que esto realmente no es así, es tan solo un ejemplo de que la ley está llena de buenas intenciones que luego no se concretan, lo que tiene las consecuencias que todos imaginamos. El texto de la viñeta de Mafalda, fragmento de la Exposición de Motivos, es un ejemplo de por dónde van los tiros.

 El texto dedica el Título I, Capítulo II a la Participación Ciudadana. Dice la Exposición de Motivos, con respecto al citado título: El Capítulo segundo está dedicado a la participación de la ciudadanía en el seno del Sistema Público de Servicios Sociales, manteniendo un régimen de órganos colegiados de participación social que permita vertebrar el movimiento asociativo andaluz tan rico en esta materia, como participar desde el plano individual por un conjunto múltiple de canales que facilitan que las aportaciones lleguen a donde verdaderamente van a ser útiles. Destaca el mandato que la Ley formula al Gobierno para que establezca una carta de derechos y deberes de las personas usuarias que las empoderen a la hora de poder exigir lo que por Ley les corresponde, facilitando asimismo su difusión y su comprensión.

Es característico de ciertas políticas llamadas socialdemócratas confundir el establecimiento de de derechos subjetivos (que por ser tales pueden ser reclamados ante la administración) con el concepto participación ciudadana. En mi opinión, la garantía de derechos subjetivos lo que propicia es el empoderamiento de las personas y no su capacidad de participar ¿Qué se entiende, entonces, por participación?

Según el Diccionario de Trabajo Social de Alianza Editorial (que recomiendo), la Participación Ciudadana "(...) es un ejercicio político, ya que los individuos toman parte en tanto que ciudadanos y actores políticos, en cuestiones públicas, como portadores de intereses sociales o colectivos de una comunidad de la que son parte" (Cunill citado por Espadas, 2013, p.370) Es que formo parte de la liga Las normas APA son tus amigas.

Dicho esto, veamos como articula la ley la participación ciudadana. En la Exposición de Motivos, el legislador, claramente influenciado por los efectos del Tío Pepe, escribió:

"La Ley plenamente orientada a la ciudadanía, es también integradora de los derechos de las personas, ampliando su elenco y considerando a la persona en tanto que ciudadana y en tanto que usuaria de los servicios, desarrollando un completo abanico de posibilidades de participación e implicación, que atañe tanto a los individuos como a los grupos en que organiza la sociedad para fortalecerse y hacer frente a situaciones difíciles".

Digo sin pestañear lo del Tío Pepe porque el completo abanico de posibilidades es el siguiente (Artículo 14):
  • Consejo de Servicios Sociales de Andalucía
  • Consejos sectoriales de Servicios Sociales.
  • Consejos provinciales y locales de servicios sociales.

No creo que sea necesario explicar el (nulo) papel que han jugado los consejos de servicios sociales como instrumento de participación ciudadana, pero es que la ley va más allá; al margen de la validez o no de los Consejos, es que ni siquiera sus constitución es obligatoria; en román paladino, que las corporaciones locales NO tienen la obligación de constituirlos ¿tengo o no tengo razón con lo del Tio Pepe?

Los artículos 18, 19 y 20 se refieren a otros procesos de participación, pero la redacción es un brindis al sol porque no estos artículos no establecen cauces de participación concretos, se limitan, insisto, a una mera declaración de intenciones. Por otra parte, el Artículo 21, que cierra el Título I, habla del voluntariado social ¡pero qué manía la de entender el voluntariado como una forma de participación ciudadana! El voluntariado es ayuda, altruismo, solidaridad hacia los demás, y la participación es el establecimiento de cauces para que los individuos y grupos tomen parte en los asuntos públicos con el objetivo de que sus reivindicaciones sean escuchadas y tenidas en consideración.

Todo este asunto de la participación en el texto chirría aun más si tenemos en cuenta que, a la vez de aprobarse nuestro anteproyecto, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Sí.

Y para finalizar, el texto solo establece cauces de participación con colectivos "tradicionales", entre los que se encuentran los empresarios. Que alguien me lo explique ¡Ah, es que hay servicios de gestión privada, claro! En cambio, movimientos como el 15-M, Democracia Real Ya, Mareas, Plataforma de Afectados por las Hipotecas y demás, sí merecen tener espacio para participar y son la prueba de que esto de la participación ciudadana no es un fenómeno que viene y va, es una demanda de la ciudadanía que ha llegado para quedarse. Afortunadamente.

Fito y Fitipaldis
"Viene y va"

miércoles, 20 de agosto de 2014

Críticas a la nueva ley de servicios sociales de Andalucía. Dos, una ley mercantilista


El pasado viernes comencé una serie de cuatro entradas dedicadas al análisis crítico del anteproyecto de ley de servicios sociales de Andalucía, que acaba de ver la luz. En estas entradas estoy tratando de ofrecer argumentos por los que considero que el contenido de esta ley es decepcionante, sobre todo después de tantos años de espera. 
 
En esta segunda entrada me toca explicar las razones por las que, en mi opinión, esta ley encierra un peligroso afán privatizador, producto de cierta filosofía neoliberal que se está filtrando peligrosamente en los servicios sociales.

Hay tres aspectos que me llevan a afirmar que se trata de una ley mercantilista:

1. El lenguaje utilizado en la redacción del texto.
2. La relevancia que la ley otorga a la iniciativa privada.
3. El papel de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. 
 
Lo primero que me llamó la atención al leer con detenimiento el anteproyecto es el lenguaje utilizado en la redacción del texto. Se trata de un lenguaje soft, cargado de eufemismos y de buenas intenciones (sin concretar), en el que hay términos que se repiten sospechosamente y otros que ni siquiera aparecen. Al observar el lenguaje usado por el legislador, se me ocurrió buscar y contar los términos más relevantes en materia de servicios sociales y también aquellas palabras que se repetían mucho; este fue el resultado:


Hay palabras que ni siquiera aparecen en el texto, como estas, que son las que se me ocurrió buscar a mí.

 
Si observamos el ranking de términos de la primera tabla, podemos comprobar que las palabras que aparecen con mayor frecuencia son vocablos relacionados con el mundo empresarial (exceptuando el término igualdad); a estas alturas nadie discute que los servicios sociales, como el resto de políticas públicas, deben ser sostenibles, eficaces y de calidad, pero tal insistencia en repetirlo resulta, cuanto menos, sospechosa. 

Es más, niego la mayor. Este discurso machacón de la sostenibilidad y la eficiencia es parte de un perverso mantra que, a base de ser repetido, se ha convertido en incuestionable verdad: el Estado de Bienestar corre peligro porque no es sostenible. No. El Estado de Bienestar no es sostenible porque no conviene que sea sostenible, que es muy distinto. Creo que no es necesario que me extienda más, ya que conceptos como reforma fiscal o redistribución de la riqueza son ampliamente conocidos.

Contar las palabras relevantes del texto quedaría en mera anécdota si no encontrásemos a lo largo del anteproyecto un insistente afán por abrir las puertas a la iniciativa privada, patente en el Artículo 1, que establece entre los objetivos de la ley:

c) Ordenar el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad así como las condiciones para su participación en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

El Artículo 2 está dedicado a definir los términos más importantes de la ley y contempla los siguientes:
  • Acreditación de la Calidad.
  • Autonomía personal.
  • Contrato-Programa.
  • Derechos subjetivos.
  • Entidades de iniciativa mercantil: A los efectos de esta ley, se consideran entidades de iniciativa mercantil las personas físicas empresarias y las personas jurídicas empresarias con ánimo de lucro que adoptan cualquier forma societaria reconocida por la legislación civil o mercantil y que realizan actividades de servicios sociales.
  • Entidades de iniciativa social: A los efectos de esta ley, se consideran entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales.
  • Organizaciones de ayuda mutua: Son aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyas personas socias sean, principalmente, las personas que afrontan directamente una situación de necesidad o dificultad y/o sus familiares.
  • Prestaciones de servicios sociales.
  • Programa de Atención Social.
Como se puede ver, ninguna mención ni siquiera al término servicios sociales, mucho menos a otros vocablos como exclusión social, vulnerabilidad, maltrato, riesgo social, etc. Eso sí, las entidades de iniciativa mercantil quedan perfectamente definidas. Entidades de iniciativa mercantil que anteponen el beneficio a la calidad del servicio (de la que tanto habla la ley), que explotan a las trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres y que constituyen poderosos lobbys cuya influencia queda demostrada en la propia redacción del anteproyecto, anteproyecto que dedica un título entero, el Título IV, a regular la iniciativa privada y social en la prestación de servicios sociales.

A este respecto es importante diferenciar la iniciativa social de la iniciativa privada. La iniciativa social en la prestación de servicios sociales es una realidad que debe ser regulada, pero la iniciativa privada no debería tener cabida en la prestación de servicios sociales. Así de simple. Voy más allá: la iniciativa privada no debería tener cabida en la prestación de servicios que garantizan derechos subjetivos, como la salud o la educación, porque pervierten el derecho subjetivo en favor del lucro.

No voy a extenderme en hablar del patrocinio, partenariado y mecenazgo porque la entrada se haría interminable; me limito a recomendar la lectura del Título IV de la ley y que cada uno saque sus propias conclusiones. Dejo estas perlas:

Se reconoce la libre actividad de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales, sin más limitaciones que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que sean de aplicación (Articulo 95. Libertad de prestación de servicios sociales)

Las entidades locales podrán igualmente encomendar a la iniciativa privada la provisión de servicios de acuerdo con la normativa de régimen local (Artículo 97)” 
 
Por último, quiero hacer una breve reflexión sobre el papel que la ley otorga a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El Artículo 47 supone el blindaje de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales, creada mediante el artículo 18 de la nefasta Ley 1/2011, de 17 de Febrero, de Medidas de Reordenación del Sector Público de Andalucía, ley que dio lugar a la proliferación de agencias que suponen, en la práctica, la privatización de la administración con la consiguiente pérdida de control público; agencias que, además, han resultado costosas a causa de sus saturación de altos cargos, que gestionan con mucha opacidad y pocas garantías para el ciudadano, prácticas que chocan con la transparencia que este gobierno de coalición persigue y cuyos problemas, en definitiva, son de sobra conocidos.

Este artículo da a entender que la agencia seguirá siendo el órgano gestor de los servicios sociales en Andalucía. La posición aquí es, o debería ser, clara: la gestión debe ser directa por parte de la Consejería, o, al menos, su sustitución por un órgano más transparente y de naturaleza pública.

La preponderancia que esta ley otorga a la iniciativa privada es un claro ejemplo de la deriva neoliberal y privatizadora de la que también han sido imbuidos los servicios sociales tras las excusa del “welfare mix” o modelo mixto de provisión de servicios de bienestar. Conste que no soy una experta en Política Social, y es posible que no haya pillado bien el rollo, así que en cuanto alguien me convenza de las bondades del modelo mixto de provisión de servicios sociales esta que lo es se desdice de lo dicho aquí. 

¿Qué Cuarto Pilar del Estado de Bienestar estamos diseñando en Andalucía? Yo no lo sé. A ver si esta canción es capaz de resituarnos. Se la dedico a la gente del PSOE que aún cree en lo público y que, como yo, adoraba a Carlos Cano, a quien tuve la suerte de conocer gracias a los cassettes de mi hermana.
 

 "La murga de los currelantes"
Carlos Cano por el Coro de Julio Pardo 

viernes, 15 de agosto de 2014

Críticas a la nueva ley de servicios sociales de Andalucía. Uno, el objeto del sistema.

Me propongo a lo largo de cuatro entradas, que aparecerán en lo que queda de mes, explicar por qué considero que el Anteproyecto de ley de servicios sociales de Andalucía es un mal anteproyecto de ley. Y es que por fin la Junta de Andalucía se ha decidido a promulgar una segunda ley de servicios sociales; la primera y única es de 1988, así que veintiséis años ha esperado el PSOE, veintiséis años de mayoría absoluta, ¡ojo!

Al margen de la ostensible tardanza en elaborar una nueva norma que regule el sistema, es justo dar la bienvenida a la nueva ley (incluida en el acuerdo de gobierno PSOE-IU). El sector en su conjunto esperaba con ilusión el anteproyecto, que tenía por delante el reto de transformar el sistema y crear, de una vez, un verdadero sistema público andaluz de servicios sociales. Los Colegios Profesionales han participado con mucho interés, pero no parece que estén para tirar cohetes. Por cierto, agradezco la iniciativa del Consejo Andaluz de Trabajo Social (que ha estado activo en todo este proceso) de recoger aportaciones; enviaré la mía, plasmada en este blog, por los cauces adecuados.

En mi opinión, el anteproyecto no responde ni de lejos a la expectativa por cuatro razones fundamentales:
  1. La indefinición del Objeto del Sistema ¿A qué se dedican los servicios sociales?
  2. Su afán privatizador.
  3. La escasa apuesta por la participación ciudadana.
  4. El nudo competencial.
El área autonómica de servicios sociales de Izquierda Unida, de la que formo parte, es copartícipe de estas críticas y viene trabajando para mejorar la ley. Los aspectos aquí señalados y algunos más han sido trasladados a la dirección andaluza, a la que también hemos manifestado nuestro descontento por el contenido de la norma, sobre la que seguimos elaborando enmiendas.
 
En mi caso, abordaré únicamente los cuatro aspectos mencionados. Vayamos con el primero: el objeto de la ley. Me explico: uno de los graves problemas no resueltos del sistema público de servicios sociales (en España y en Andalucía) es la indefinición de su objeto, esto es, delimitar a qué se dedican los servicios sociales. 

La Exposición de Motivos del anteproyecto dice así:

"Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a satisfacer el derecho de todas las personas a la Protección Social, en los términos recogidos en las Leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar"

Se ha realizado una definición del objeto tan extremadamente amplia, referida al bienestar, que no permite saber de qué parte de ese bienestar se ocupan los servicios sociales; el sistema sanitario se ocupa de la salud, el sistema educativo se ocupa del conocimiento, el sistema de empleo se ocupa del mundo laboral, pero nosotros ¿a qué nos dedicamos?¿a la cobertura de las necesidades básicas? esto es ¿a dar de comer al hambriento?¿no es eso beneficencia?¿no debería ser objeto del sistema de garantía de rentas?

Esta indefinición del sistema genera una visión asistencialista del sistema por parte de la ciudadanía y, sobre todo, incide (y mucho) en las orientación de las posteriores políticas concretas a desarrollar, contribuyendo a convertir el sistema en un cajón de sastre: becas de comedor que deberían gestionarse en educación, ayudas técnicas que deberían gestionarse por salud, ayudas económicas que deberían ser cubiertas por un sistema de garantía de rentas, tramitación de abogado de oficio que debería realizar la administración de justicia y un largo etcétera de necesidades individuales. Si no sabemos a qué nos dedicamos ¿cómo podremos elaborar una carta de servicios propia?


La indefinición de los servicios sociales ha sido explicada en profundidad por autores tan reconocidos como Aguilar Hendrickson, cuyo artículo Los Servicios Sociales en la tormenta, lo explica de maravilla. También recomiendo la lectura del libro El Cuarto Pilar, de Joaquín Santos, que aborda certeramente esta cuestión.

Desde el Área de Servicios Sociales de IU Andalucía proponemos la siguiente definición:

“Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la Protección Social, en los términos recogidos en las Leyes, y tienen como finalidad el desarrollo y la integración personal y familiar, promoviendo la capacitación y autonomía personal, la participación activa en la vida comunitaria, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden valerse por sí mismas y la prevención y tratamiento de los procesos individuales y grupales de exclusión social”

Este empeño del legislador por ocuparse de las necesidades de la población me lleva a concluir que continúa anclado en el odioso binomio necesidad-recurso, por más que Teresa Zamanillo se haya esforzado en definir un nuevo objeto del sistema, objeto que ha sido lema del pasado Congreso de Trabajo social en Málaga: Todos los fenómenos relacionados con el malestar psicosocial de los individuos ordenados según su génesis socioestructural y su vivencia personal.

La minucia esta del objeto conduce a la confección de un anteproyecto de ley excesivamente prestacional, que no es capaz de dar respuesta a las necesidades que sí son objeto del sistema. Dos son, por tanto, las cuestiones que urge mejorar, relativas al objeto de la ley: la primera, definir con precisión a que nos dedicamos los servicios sociales, para poder después elaborar una carta de servicios que de respuesta a la grave situación que atraviesa nuestra comunidad, y la segunda, salir de una vez del binomio necesidad-recurso y ofrecer programas y acciones que eliminen, o al menos reduzcan el malestar psicosocial.

Y si no es nuestra función dar de comer al hambriento ¿de quién lo es?

El INEM, o SEPE, o SAE o FAFFE o lo que sea debe proporcionar empleo, prestaciones o subsidios a la población desempleada. Hay que buscar el modo, aunque Mariano Manostijeras nos tenga más secos a los andaluces que un lagarto atao a una pita. Que sí, que ya sé que las competencias en prestaciones son suyas, pero también sé que hay formas indirectas de saltárselas, como por ejemplo a través de los programas de contratación, única pata de los decretos de exclusión con sentido.

Por otra parte, el Salario Social debe comenzar a funcionar decentemente de una puñetera vez. Todo el dinero que ha ido destinado a decretos contra la exclusión, por la inclusión, etc. debería haber sido inyectado a proporcionar ingresos a quien no tiene. Sin más. Lo demás, no nos engañemos, asistencialismo y zarandajas. 

La próxima entrada: el afán privatizador.

"Dime quien soy yo"
Niña Pastori

viernes, 8 de agosto de 2014

Los Jordis


No, esta entrada no trata sobre el escandalazo de la familia Puyol. Regreso con un caso-marrón veraniego que me he encontrado a la vuelta de mis vacaciones; es un ejemplo de cierta problemática que todos los veranos padecemos los trabajadores sociales de la Almería rural: la llegada de los Jordis.

Almería fue tierra de emigración durante los años 60 y 70 del pasado siglo. Un viejo dicho rezaba: “Almería: esparto, legañas y mocos”, lo que ofrece una idea de la pobreza y el abandono al que esta tierra estaba sometida. Ello, como digo, dio lugar a un éxodo en la provincia, sobre todo de la zona interior. El destino mayoritario fue Cataluña y más concretamente Barcelona.

Las personas que se marcharon, entre las que se encuentra gran parte de mi familia materna, dejaron aquí padres, hermanos y familia extensa. Compraron su piso, formaron una familia en Cataluña y pudieron proporcionar un futuro mejor a sus hijos del que cabría esperar aquí. Se podría decir que la mayoría triunfó. Todos los veranos regresaban de Barcelona en sus flamantes Seat 131, Simca 1000 o Fiat 1500 a visitar a la familia; sus hijos, nuestros primos, alucinaban al ver ovejas o cabras por primera vez y los niños de aquí alucinábamos de su alucine. Tan acostumbrados estábamos a ver los rebaños cruzar la carretera, jaleados por el pastor y sus perros, o pastar la escasa hierba de los descampados, que no salíamos de nuestro asombro al escucharles decir a grito pelado: ¡mámaaa, cabras con sus hijos cabritillos!

Esos alucinados niños catalanes se hicieron mayores y sus padres, jubilados, enfermos o ambas cosas, han ido regresando a sus pueblos de origen para disfrutar de una reposada vejez. Han rehabilitado las viviendas que heredaron y muchos de ellos han pasado a ser usuarios de servicios sociales, porque requieren apoyo domiciliario o simplemente por beneficiarse de las ventajas de la Tarjeta 65.

Todos los veranos estos hijos de emigrantes catalanes, los Jordis, apelativo que reciben por parte de nosotros los nativos, vienen a los pueblos de sus padres (que son los nuestros) a pasar las vacaciones; normalmente vienen en agosto, mes que aprovechan para hacer gestiones, relacionadas en muchísimas ocasiones con servicios sociales ¡Comienza el espectáculo!

Agosto: mes i-de-al para hacer gestiones de cualquier índole. La mitad del personal de servicios sociales, de vacaciones, incluyendo a la trabajadora social de Canterilla de Abajo, que ha escogido tan funesto mes para perderse del mapa sin tener en cuenta que la Diputación de Almería está más ocupada organizando festejos, precisamente para los pueblos pequeños atestados de esos mismos veraneantes, que en minucias tales como sustituir las vacaciones del personal donde residen los padres de los Jordis en cuestión.

Puede ocurrir que la sufrida trabajadora social no esté de vacaciones y los pueda atender, previa cita. ¿Comoor? ¿Que vais por el 20 de agosto? ¡Pero si nos vamos el 27 que se nos casa el Albert! ¿Cómo le gestiono yo la residencia a mi madre? Po zí Amparo, que atendemos previa cita y no habíamos pensado en el detalle este de la boda del Albert. 

¡Relax! (ommm) los atenderé en el hueco de las urgencias, hay que ser flexibles y entender que quieran aprovechar el largo viaje. Crucemos los dedos para que por una vez no se les ocurra decir “pues en Barcelona a los yayos les ponen una trabajadora de hogar que les hace comida tailandesa y masajes reiki, claro es que en Andalucía todo está más atrasadillo ¿verdad?...” porque de ser así ¡Jesucristo, apiádate de tu sierva y reprímele las ganas de laskxkwdjlasdajdlnvcejfr!

Así me veo yo este mes, enfrascada nada más incorporarme en un caso-culebrón venezolano, que se resume en que tengo, mejor dicho, tenemos de plazo dos hijas de emigrante y yo el mes de agosto (cito textual) para meter al padre en la residencia, quitar de la droga a la hermana separada que vive con el padre y dar una solución a los dos sobrinos de 16 y 14 años, ya que estas dos preocupadas hermanas han venido en agosto con sus respectivas familias al pueblo y tienen que dejar todo listo que el 27 se les casa el Albert. 

¡No pasa nada! Las hermanas son competentes, están implicadas en el problema y tienen motivos para estar preocupadas, han sido muy educadas, nos han tratado con consideración ¡y ni siquiera han dicho que en Andalucía no damos masajes reiki a los yayos! Se merecen una dosis de trabajo social express ¡y a fe mía que la van a tener!

Continuará...

Mi recomendación musical de hoy, los almerienses "La Taberna del Piano" Michelle (Lennon y McCartney)

PD: La próxima semana, "La nueva ley de servicios sociales de Andalucía"