viernes, 26 de septiembre de 2014

Ismos en servicios sociales



Últimamente, las personas que nos dedicamos a la intervención social (especialmente al Trabajo Social) en este país andamos bastante mosqueadas. Años de estudios universitarios, búsqueda de empleo, en algunos casos con oposiciones de por medio, reivindicación del rol profesional y de una sociedad garante de derechos sociales y, mira tú por donde, llega la crisis y con ella iniciativas caritativas, filantrópicas, benéficas y algunas estrambóticas, todas ellas con un denominador común: su carácter asistencialista.

El programa de Toñi Moreno es asistencialista, los bancos de alimentos son asistencialistas, el ropero de Cáritas es asistencialista y un largo etcétera de afirmaciones que verbalizamos o escuchamos todos los días, pero ¿qué entendemos por asistencialismo? La segunda edición del Diccionario de Trabajo Social del Colegio de Málaga dice así:

Asistencialismo: Forma de asistencia en la que el destinatario es meramente un receptor en situación de necesidad de algún recurso social que percibe (bien, servicio, subsidio). No se persigue lograr la independencia del individuo ni que este desarrolle sus propios proyectos, por lo que la situación objeto de prestación es difícil de modificar, reapareciendo dicha necesidad-problemática.

(Arredondo, Cosano, Gutiérrez, Morales, Ortiz y Rivas, 2013, p.29)

Leída la definición, parece que sí, que los ejemplos anteriormente expuestos son iniciativas asistencialistas. No persiguen que el individuo desarrolle sus propios proyectos, sin embargo, entiendo que, en el contexto de emergencia social en que nos encontramos la gente está viviendo situaciones verdaderamente dramáticas que necesitan de una respuesta aquí y ahora. En esa línea, la Junta de Andalucía puso en marcha recientemente el Decreto Andaluz por la Inclusión Social, más conocido como el Decreto de Exclusión.

El Decreto, a pesar de sus muchísimos errores, al menos pretende lanzar un cabo a quienes están en una situación límite, es por ello que, a pesar de no estar de acuerdo con la mayoría de las medidas que plantea, le puedo perdonar su carácter asistencialista porque vivimos en un momento en que hay que asistir, nos guste o no a las profesionales de los servicios sociales.

Lo del asistencialismo no lo llevo tan mal. Lo que me cabrea realmente del Decreto es el paternalismo que destilan algunos de sus programas, paternalismo que, curiosamente, los profesionales de servicios sociales no atacamos, o al menos, no con tanta beligerancia. Me explico: uno de los programas del Decreto es el Programa de Garantía Alimentaria, entre cuyas medidas se encuentra el reparto de alimentos a familias en situación de exclusión social.

En la práctica, esta medida consiste en que la Junta ingresa dinero a los Ayuntamientos para que desde servicios sociales prescribamos lotes de comida a familias necesitadas, que van, con un vale, a un supermercado y retiran alimentos que posteriormente el ayuntamiento abona al comercio.

Para empezar, la medida, además de provocar una fuerte estigmatización para las personas que acuden al supermercado, deja el secreto profesional y la confidencialidad a la altura de una zapatilla ¿o es que no conocemos cómo funciona el patio en los pueblos y pequeñas ciudades? Este efecto me preocupa muchísimo, pero es que hay más ¡Ojo! no cualquier alimento. Aquí la Junta, en un afán municipalista que a veces no llego a entender, permite que cada ayuntamiento se organice de forma autónoma, con lo que encontramos ayuntamientos que han hecho (entre otras cosas) listas de alimentos que provocan auténtica vergüenza ajena.

Al margen de los efectos de la medida, se respira un tufillo paternalista que tira p´atras porque la filosofía que hay detrás es que a estas familias no se les puede dar dinero porque se lo gastan en cervezas, Marlboro, whisky o percebes. Ya se sabe, esta gente no sabe administrarse y cuando pilla un duro se lo funde. ¿Para qué partir del hecho obvio de que la mayoría de familias con escasos recursos se organizan infinitamente mejor que nosotros mismos, por ejemplo, porque de lo contrario ni siquiera podrían subsistir? Es mejor coger la parte por el todo y recordar a la familia Menganilla y su tele de plasma de 78 pulgadas.

Me indigna esta creencia de que todas las familias en exclusión están en esta situación por una mala administración. Echar la culpa a los pobres de su situación no es nada nuevo, pero la cantinela ha calado ya que, a pesar de que las familias que se administran de manera caótica son minoría, los programas siempre, siempre, siempre se ponen en marcha por parte de las administraciones pensando en esa minoría y no en la mayoría restante.

Lo que no me indigna sino que me cabrea, directamente, es descubrir que esas listas de racionamiento vergonzantes e indignas de las que hablaba no las ha elaborado la concejala de turno, no, esas listas de la vergüenza las ha elaborado un-a profesional de los servicios sociales como yo, el mismo o la misma o que llega de la visita domiciliaria escandalizada porque el bebé tiene una cuna muy cara, que pide tickets absolutamente de todos los productos que la familia compra y los revisa con lupa, aunque la familia no tenga un problema de administración económica o que mira con ojos acusatorios a la persona recién atendida que está desayunando al lado en el bar, como yo misma he hecho yo esta mañana ¡vergüenza debería darme seguir conservando estos tics!

Sí, el decreto es un callo, pero a paternalistas a los profesionales de servicios sociales no hay quien nos gane. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que es mejor para las familias y lo gracioso es que muchas veces ni siquiera sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Los políticos se lo tienen que hacer mirar, pero nosotros también. Yo estoy en ello.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Agresiones a funcionarios


Esta semana, yendo al trabajo, escuché en la Cadena SER la noticia de que el Gobierno reforzará las medidas de seguridad en las administraciones ante las agresiones a funcionarios. Yo soy funcionaria, bueno, realmente soy personal laboral, pero este matiz, tan importante para mí, no tiene ninguna relevancia para el tema que nos ocupa, así que a ojos de la ciudadanía soy funcionaria.

Trabajo además en servicios sociales comunitarios (o de atención primaria). Un lugar donde atendemos a gente con problemas, que responde, más o menos, a uno de estos perfiles: el primero, personas que buscan desesperadamente un cabo al que sujetarse tras la expulsión del sistema gracias a la crisis económica, el segundo, personas que toda su vida han acudido intermitentemente a bregar con las asistentas sociales y no saben hacer otra cosa (ni nadie les ha enseñado) y el tercero, gente que tiene problemas familiares con ascendientes o descendientes y busca asesoramiento o recursos para mejorar la convivencia familiar. Como se puede observar, en los tres casos la demanda viene acompañada de un amasijo emocional importante.

Que el trabajo en servicios sociales es ansiógeno, no es ninguna novedad. Que la crisis económica ha empeorado ostensiblemente los ánimos, tampoco. Venir a trabajar es más duro en 2014 que en 2007. Yo he llegado a experimentar la necesidad de ser agredida tras un mes de amenazas por parte de un ciudadano enfadado. Llegué a pensar: la próxima vez que me diga que me va a pegar, le voy a contestar que lo haga de una vez y acabamos por fin en el juzgado. También me han dicho que me vaya a recoger pimientos o directamente a la mierda, en fin, de todo.

Por todo ello, se supone que la noticia de que el Gobierno va a tomar cartas en el asunto me debería alegrar: es muy desagradable venir a trabajar con miedo. Es muy desagradable que la gente te grite, te amenace, te insulte o te ningunee. Hay veces en que sientes que la agresión es normal. Con todo, al escuchar la noticia no me alegré. Me entristecí mucho.

Me entristece desempeñar un trabajo vocacional con miedo, me entristece que la salida que la ciudadanía encuentre a su frustración sea la agresividad, me entristece no ser capaz de trasmitir que yo también siento rabia por la situación de emergencia social a la que este gobierno nos ha abocado y me entristece percibir que entre los funcionarios y los ciudadanos existe un nosotros y ellos.

Entiendo la frustración de la gente. Y su agresividad. No sé si es Síndrome de Estocolmo, empatía o qué, pero la verdad es que yo a veces también me siento agresiva, incluso violenta. Nosotros somos el muro de contención de la gente más vulnerable. Encajamos como podemos la desesperación de quienes no tienen nada, mientras Rajoy recorta, recorta y recorta y lo anuncia en ruedas de prensa desde una tele de plasma, Esperanza Aguirre huye de la policía y después se queda tan ancha, unos conducen borrachos, otras se autoconceden becas de guardería o enchufan al marido en empresas pagadas por la Junta de Andalucía.

Así las cosas, no me alegra que el gobierno impulse medidas contra las agresiones a los funcionarios, entre otras cosas porque dudo que sirvan para algo, al menos en servicios sociales. Me alegraré, y mucho, el día en que Rajoy levante el pie del cuello de la clase trabajadora, el día que la gente no necesite gritar para recibir migajas, y, sobre todo, el día en que los derechos de las personas estén por delante del puñetero déficit. Y si, además, quienes modificaron el Art. 135 de la Constitución piden perdón al país ¡ni te cuento!

jueves, 11 de septiembre de 2014

Movilizar pinos, plantar ancianas y otras hierbas

El debate social y político está aquejado de "tertulianismo", un síntoma de la simpleza con la que abordamos los asuntos ya que resulta imposible que esa gente sepa de todo lo que está hablando. Podrá opinar, no lo dudo, pero no se puede opinar de todo. No hay tiempo para prepararlo y menos en un formato en el que no se permite profundizar en los asuntos, sólo se permite abordarlos superficialísimamente.

Santos, J. (10/09/14) Crítica, espíritu crítico y estereotipos [Mensaje en su blog]

Esta no es otra entrada sobre Renta Básica, aunque la Renta Básica es un tema que me interesa bastante. Es más, intento leer todo aquello que me encuentro por la red sobre el particular, más aún si proviene de fuentes autorizadas. Hace unas semanas apareció un artículo del economista Eduardo Garzón (hermano del también economista y político Alberto Garzón) con el título Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor del Trabajo Garantizado, y, como de costumbre, me puse a leerlo con detenimiento. El artículo realiza una defensa del trabajo garantizado frente a la renta básica. El trabajo garantizado viene a ser la oferta de empleo en programas de interés social financiados por el estado, eso sí, con algunas particularidades (es mejor leer el artículo si se quiere profundizar en el concepto)

La lectura me suscitó dos sensaciones: en primer lugar, cierta perplejidad porque me pareció que el artículo, aunque interesante, cojeaba en algunos aspectos. De cualquier modo, mi ignorancia sobre economía me llevó a concluir que no lo había entendido bien. Posteriormente apareció otro artículo de Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrens, que venía a desmontar parte de lo escrito por Garzón, con el título ¿Siete argumentos en contra de la Renta Básica? No exactamente.

Como respuesta al artículo de Raventós y Cía, Garzón publicó una contrarréplica que no he leído, ya que el asunto ha derivado en un Sálvame Deluxe académico, y no tengo yo nivel ni ganas de ponerme a desentrañar puyas entre economistas ¡pobre de mí, trabajadora social que a duras penas distingue a Keynes de Friedman!

A mí, como decía al principio, no me interesa en esta entrada disertar sobre Renta Básica. Lo que realmente me interesa es destapar los errores que, en mi opinión, Eduardo Garzón comete al incluir ciertas tareas dentro de lo que él entiende como trabajo garantizado y, por otra parte, señalar lo acomplejadas que estamos las mujeres, aunque tengamos estudios, máxime si ejercemos profesiones feminizadas. Ambas cosas guardan una relación que paso a explicar.

Antes decía que la lectura del artículo me generó sensaciones. La primera, cierta perplejidad. La otra sensación que me quedó al leerlo es de frustración. El autor incluye alegremente el servicio de ayuda a domicilio (no con estos términos) en el catálogo de trabajos garantizados, lo que indica que no tiene ni idea de las funciones que desempeñan las auxiliares de ayuda a domicilio. Garzón, como muchos hombres con estudios, sobre todo si se trata de estudios serios como económicas, medicina, ingenierías variadas, etc. se lanza a la piscina de la opinión general sin ningún tipo de complejos.

Si eres un hombre con estudios serios y te ha molestado mi sutil apreciación, te prevengo: puede que estés en el grupo de saltadores de trampolín ¡Hombre omni opinador, la culpa no es tuya! Al menos toda la culpa. Esta sociedad nos empuja a formarnos una opinión sólida sobre un tema cada media hora (los hombres os sentís aún más presionados), no te digo si se convierte en trending topic. Aunque anecdótico, me maravilla esa costumbre-obligación de dar el pésame en las redes sociales cuando se muere algún famoso. Que digo yo, un poner, que a la familia de Di Stefano le importará un carajo que Pepe López de Villabotijos de Abajo ponga en twitter "Nos ha dejado D.Alfredo. D.E.P."

Al margen del virus de la infoxicación, gran parte de la culpa es nuestra. De las mujeres, digo. Somos idiotas por autocensurarnos diariamente. No somos capaces de debatir en igualdad. Así de claro ¿o es que no hemos vivido situaciones en las que un hombre dice una pulmonía y mujeres mucho más inteligentes que él se callan y asienten? Yo misma, siendo menos inteligente que Garzón (que Eduardo, que Alberto ni te cuento), debería haber contestado a su artículo, aclarándole unas cuantas cosas sobre el trabajo de las auxiliares de ayuda a domicilio que él desconoce porque no es trabajador social y yo, en cambio, conozco muy bien porque sí lo soy.

Pero no fui capaz y me sentí frustrada por no ser capaz. El artículo de Joaquín Santos, con su referencia al tertulianismo, me ha retrotraído al de Eduardo Garzón, así que, aunque tarde, he decidido matizar algunas de las consideraciones de Garzón en relación con los empleos en el sector social, y es que, como bien señala Joaquín Santos, no se puede opinar de todo aunque el opinador sea doctoris causa (que es como llamaba el abuelo de mi cuñado a la gente con toga)

Veamos alguna de sus argumentaciones apoyando lo que él denomina Trabajo Garantizado:

(...) Si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están trabajando y nuestro deber como sociedad es evitar que por culpa de ello pasen penurias, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. No tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no estén cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de ocio y cultura, que se cuiden las infraestructuras, pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras ciudades, que se reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, etc…

(...)

El Estado podría financiar y planificar este TG a través de programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión debido a que son las que tienen experiencia sobre el terreno.

(...)

En épocas de boom económico aparecerán en el sector privado muchos puestos de trabajo mejor pagados que los ofrecidos por el TG, de forma que muchos trabajadores del TG se trasladarían al sector privado. De esta forma se estaría introduciendo mucho menos dinero “extra” en los bolsillos de los ciudadanos, y por lo tanto no se estaría calentando tanto la economía. En épocas de recesión ocurriría lo contrario: muchos trabajadores despedidos en el sector privado pasarían a trabajar en los programas de TG, logrando que no se enfriase tanto la economía y evitando así la amenaza de la deflación (caída generalizada de los precios)

(...)

Los conocimientos y habilidades adquiridas por el trabajador del TG lo preparan para encontrar trabajo en el sector privado o para iniciar sus propios proyectos en un futuro.

Las personas que nos dedicamos a lo social, especialmente trabajadoras sociales, llevamos muchísimo tiempo luchando para que el servicio de ayuda a domicilio (lo que Garzón denomina cuidado de personas mayores o enfermas) se considere empleo cualificado, estable, de calidad y, a ser posible, público; empleo, por otra parte, cuyo desempeño exige ahora titulación y en aquellos casos de trabajadoras antiguas que no tenían formación, se les obliga a que pasen por un proceso de acreditación de competencias (al menos en la administración donde yo trabajo)

Y se exigen esos requisitos porque el trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio incluye un complejo catálogo de competencias, habilidades y destrezas tales como movilizacion de personas en situación de gran dependencia que están encamadas, cambios posturales, preparación de alimentos a personas con patologías específicas, supervisión de la toma de medicación, acompañamiento y gestión de conflictos con personas con trastorno mental; tareas educativas como mejora de hábitos higiénicos en personas que padecen trastornos tipo diógenes, apoyo a la alimentación adecuada, administración económica... en familias desestructuradas y un largo etcétera que sobrepasa el "cuidado" que una persona no cualificada pueda realizar.

Además, se trata de que estas personas, en su inmensa mayoría mujeres, disfruten de cierta estabilidad laboral (sería horroroso que se nos marchasen al sector privado una vez formadas); su derecho como trabajadoras es, además, la forma de crear vínculos con las familias que atienden y la única manera de que desde servicios sociales podamos crear equipo para conseguir que desempeñen su labor de acuerdo con los objetivos de la intervención y con la calidad que la atención a personas vulnerables requiere. La exigencia ética es otro aspecto que consideramos fundamental y solo después de mucho trabajo con las auxiliares conseguimos alcanzar resultados.

Cada vez que algún ayuntamiento nos ha pedido crear una "bolsa de mujeres" para "limpiar a los abuelos y en las casas" (se les ocurre de vez en cuando) y que las mujeres del pueblo "roten", a los profesionales de los servicios sociales se nos ha puesto el vello erizado, por lo que hemos tenido que dedicar mucho esfuerzo en explicar a los responsables políticos de los ayuntamientos que el servicio de ayuda a domicilio no puede ser un P.E.R. (plan de empleo rural). No es comparable plantar pinos o pavimentar calles con atender a personas, máxime si se encuentran en situación de vulnerabilidad. No lo es y, por tanto, esta labor no puede entrar en el saco del trabajo garantizado, tal y como Garzón lo plantea. Voy más allá, es infinitamente más complejo desempeñar un trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio que uno como peón agrícola, por lo que el trabajo como auxiliar debería estar mucho mejor remunerado, aunque se trate de empleo feminizado ¡Machistas del mundo, si os pica, rascaros!

Si todo lo dicho hasta ahora no ha servido para ofrecer una idea aproximada del valor del trabajo que realizan las auxiliares de ayuda a domicilio, recomiendo la lectura de Un baño de realidad en materia de dependencia (también del blog de Joaquín Santos). El testimonio de María es el mejor argumento para economistas poco informados como Garzón, que sabrá muchismo de economía, pero de servicios sociales no tiene ni idea.

jueves, 4 de septiembre de 2014

Críticas a la nueva ley de servicios sociales de Andalucía. Cuatro, el nudo competencial

Esta es la última de las cuatro entradas que dedico al análisis del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía. En la primera traté de explicar los problemas del texto en cuanto a la indefinición del sistema, en la segunda abordé el afán privatizador de la ley y en la tercera entrada me referí al tratamiento de la participación ciudadana. En esta última me propongo esbozar algunas consideraciones sobre los problemas competenciales.

He escogido el término esbozar porque debo confesar que todavía no tengo una idea definida sobre que administración debería asumir las competencias en materia de servicios sociales, ni tampoco soy una experta en derecho administrativo. Así pues, esta entrada solo persigue avivar el debate, siempre enriquecedor.

Comencemos por el principio. Como todo el mundo sabe, la Junta de Andalucía aprobó en 2010 la famosa LAULA, es decir, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley 5 de 2010, de 11 de junio. La LAULA establece en su artículo 9.3 entre las competencias municipales la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía, que incluye:

a) Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales comunitarios.
b) Gestión del equipamiento básico de los servicios sociales comunitarios.
c) Promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los distintos colectivos, dentro de su ámbito territorial.


El nacimiento de esta Ley parte del Estatuto de Autonomía. En palabras del propio texto, un Estatuto que se caracteriza por ser, sin duda alguna, el más municipalista de todos los vigentes en el territorio español.

Como se puede observar, esta ley delega casi por completo las competencias en servicios sociales en los ayuntamientos (las diputaciones prestarían asistencia técnica). Muchas personas y colectivos que abogan por el municipalismo verán esta norma con buenos ojos. En este sentido recomiendo la lectura del documento El valor de la proximidad de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En este documento la citada asociación realiza un completo argumentario a favor del municipalismo y contra otra de las leyes que afectan, y mucho, a los servicios sociales: la reforma local.

La reforma local o Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supone, en la práctica, un mazazo a los servicios sociales comunitarios y su intención es justo la contraria de la que persigue la LAULA, ya que la reforma local pretende dejar a los ayuntamientos prácticamente sin competencias, en favor de las diputaciones (esto es el menor de sus despropósitos). Considero la reforma local, por otras razones, una aberración más del Partido Popular, tal y como lo expliqué en mi entrada Reforma local y servicios sociales, en cristiano.

Así, en la actualidad coexisten dos leyes, una de carácter autonómico y otra de carácter estatal, que son casi antagónicas en sus objetivos, y lo peor es que tanto una como la otra afectan de lleno a los servicios sociales. En la LAULA hay, en mi opinión personalísima, un riesgo asociado a la idea de lanzar los servicios sociales a los brazos de los ayuntamientos, en un ejercicio de equilibrismo sin red. Soy consciente de lo políticamente incorrecto que suena esto, pero así lo creo. Explico por qué.

No estoy ni mucho menos en contra de la competencia municipal. El protagonismo competencial de los ayuntamientos no tendría por qué suponer un retroceso ni un riesgo (muy al contrario) si contásemos con una ley marco estatal que fijase unos mínimos o que estos mínimos los fijase la nueva ley de servicios sociales, pero el caso es que ni contamos con una ley marco estatal ni el anteproyecto de ley de servicios sociales establece criterios estrictos y definidos a los que los que los ayuntamientos deban someterse, el texto despacha el tema de las competencias con un plan estratégico de servicios sociales (Art. 55.2) que se diseñará y del que aún no sabemos nada.

Dejar esta tarea en manos de un plan, después de la reciente experiencia vivida con el Plan Concertado me parece una empresa muy arriesgada. La realidad de los ayuntamientos es, por decirlo sutilmente, dispar y además el panorama se agrava con el pucherazo en forma de ley electoral que prepara el Partido Popular para quedarse con las alcaldías. Mal asunto todo esto.

En definitiva: susto o muerte. La LAULA da susto, al menos a mí, que no acabo de pillar la manera en que se blindarán los servicios sociales (por lo que posiblemente mis miedos sean infundados) y la reforma local es la muerte de los servicios sociales, sin más. En este sentido, el anteproyecto de ley no parece que vaya a solventar la inseguridad normativa, administrativa y financiera en la que nos encontramos, producto de la conocida combinación entre unos servicios sociales cuyas competencias están excesivamente fragmentada y la ausencia legislativa en el marco estatal. De aquellos polvos, estos lodos...

¿Cual sería la solución para que las competencias en servicios sociales estén claramente definidas y no supongan un riesgo? Observo dos alternativas: la primera, la vía del municipalismo (*) que la LAULA plantea, siempre que los servicios sociales estén pertrechados de una ley marco de servicios sociales (lo que ahora es imposible) o, al menos, que el anteproyecto de ley autonómica blinde su contenido frente a las más que posibles ocurrencias de ciertos ayuntamientos creativos (no cerremos los ojos, haberlos haylos). Aquí el texto tiene mucho que mejorar.

La segunda, en la línea que propone Aguilar Hendrickson, entre otros, en su muy recomendable artículo Los Servicios Sociales en la tormenta: que las competencias se queden en la Junta de Andalucía. Tanto sanidad como educación son competencia autonómica exclusiva. Si aparcamos un momento la (importante) cuestión ideológica del municipalismo, me pregunto: en el contexto actual ¿es tan disparatado que también los servicios sociales sean competencia exclusiva de la Junta? A los otros sistemas no les va tan mal, de hecho les va mejor que a nosotros y nadie puede negar su proximidad a la ciudadanía. Dejo esta alternativa abierta al debate.

Independientemente de las posibles vías competenciales, sobre las que no acabo de posicionarme, como decía al principio, es innegable que la distribución actual, además de ser un riesgo para la propia pervivencia del sistema, es muy poco garantista para la ciudadanía ¡hablemos claro!


Conocer los derechos que como clientes nos asisten o saber a quien debemos dirigirnos para poner una queja en el sistema público de servicios sociales es así como la parte contratante de la primera parte, que es igual a la parte contratante de la segunda parte, pero al revés ¿o era la primera parte? ¡Buf!


(*) El municipalismo es mucho más que otorgar competencias a ayuntamientos, pero esa es otra historia.