jueves, 4 de septiembre de 2014

Críticas a la nueva ley de servicios sociales de Andalucía. Cuatro, el nudo competencial

Esta es la última de las cuatro entradas que dedico al análisis del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía. En la primera traté de explicar los problemas del texto en cuanto a la indefinición del sistema, en la segunda abordé el afán privatizador de la ley y en la tercera entrada me referí al tratamiento de la participación ciudadana. En esta última me propongo esbozar algunas consideraciones sobre los problemas competenciales.

He escogido el término esbozar porque debo confesar que todavía no tengo una idea definida sobre que administración debería asumir las competencias en materia de servicios sociales, ni tampoco soy una experta en derecho administrativo. Así pues, esta entrada solo persigue avivar el debate, siempre enriquecedor.

Comencemos por el principio. Como todo el mundo sabe, la Junta de Andalucía aprobó en 2010 la famosa LAULA, es decir, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley 5 de 2010, de 11 de junio. La LAULA establece en su artículo 9.3 entre las competencias municipales la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía, que incluye:

a) Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales comunitarios.
b) Gestión del equipamiento básico de los servicios sociales comunitarios.
c) Promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los distintos colectivos, dentro de su ámbito territorial.


El nacimiento de esta Ley parte del Estatuto de Autonomía. En palabras del propio texto, un Estatuto que se caracteriza por ser, sin duda alguna, el más municipalista de todos los vigentes en el territorio español.

Como se puede observar, esta ley delega casi por completo las competencias en servicios sociales en los ayuntamientos (las diputaciones prestarían asistencia técnica). Muchas personas y colectivos que abogan por el municipalismo verán esta norma con buenos ojos. En este sentido recomiendo la lectura del documento El valor de la proximidad de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En este documento la citada asociación realiza un completo argumentario a favor del municipalismo y contra otra de las leyes que afectan, y mucho, a los servicios sociales: la reforma local.

La reforma local o Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supone, en la práctica, un mazazo a los servicios sociales comunitarios y su intención es justo la contraria de la que persigue la LAULA, ya que la reforma local pretende dejar a los ayuntamientos prácticamente sin competencias, en favor de las diputaciones (esto es el menor de sus despropósitos). Considero la reforma local, por otras razones, una aberración más del Partido Popular, tal y como lo expliqué en mi entrada Reforma local y servicios sociales, en cristiano.

Así, en la actualidad coexisten dos leyes, una de carácter autonómico y otra de carácter estatal, que son casi antagónicas en sus objetivos, y lo peor es que tanto una como la otra afectan de lleno a los servicios sociales. En la LAULA hay, en mi opinión personalísima, un riesgo asociado a la idea de lanzar los servicios sociales a los brazos de los ayuntamientos, en un ejercicio de equilibrismo sin red. Soy consciente de lo políticamente incorrecto que suena esto, pero así lo creo. Explico por qué.

No estoy ni mucho menos en contra de la competencia municipal. El protagonismo competencial de los ayuntamientos no tendría por qué suponer un retroceso ni un riesgo (muy al contrario) si contásemos con una ley marco estatal que fijase unos mínimos o que estos mínimos los fijase la nueva ley de servicios sociales, pero el caso es que ni contamos con una ley marco estatal ni el anteproyecto de ley de servicios sociales establece criterios estrictos y definidos a los que los que los ayuntamientos deban someterse, el texto despacha el tema de las competencias con un plan estratégico de servicios sociales (Art. 55.2) que se diseñará y del que aún no sabemos nada.

Dejar esta tarea en manos de un plan, después de la reciente experiencia vivida con el Plan Concertado me parece una empresa muy arriesgada. La realidad de los ayuntamientos es, por decirlo sutilmente, dispar y además el panorama se agrava con el pucherazo en forma de ley electoral que prepara el Partido Popular para quedarse con las alcaldías. Mal asunto todo esto.

En definitiva: susto o muerte. La LAULA da susto, al menos a mí, que no acabo de pillar la manera en que se blindarán los servicios sociales (por lo que posiblemente mis miedos sean infundados) y la reforma local es la muerte de los servicios sociales, sin más. En este sentido, el anteproyecto de ley no parece que vaya a solventar la inseguridad normativa, administrativa y financiera en la que nos encontramos, producto de la conocida combinación entre unos servicios sociales cuyas competencias están excesivamente fragmentada y la ausencia legislativa en el marco estatal. De aquellos polvos, estos lodos...

¿Cual sería la solución para que las competencias en servicios sociales estén claramente definidas y no supongan un riesgo? Observo dos alternativas: la primera, la vía del municipalismo (*) que la LAULA plantea, siempre que los servicios sociales estén pertrechados de una ley marco de servicios sociales (lo que ahora es imposible) o, al menos, que el anteproyecto de ley autonómica blinde su contenido frente a las más que posibles ocurrencias de ciertos ayuntamientos creativos (no cerremos los ojos, haberlos haylos). Aquí el texto tiene mucho que mejorar.

La segunda, en la línea que propone Aguilar Hendrickson, entre otros, en su muy recomendable artículo Los Servicios Sociales en la tormenta: que las competencias se queden en la Junta de Andalucía. Tanto sanidad como educación son competencia autonómica exclusiva. Si aparcamos un momento la (importante) cuestión ideológica del municipalismo, me pregunto: en el contexto actual ¿es tan disparatado que también los servicios sociales sean competencia exclusiva de la Junta? A los otros sistemas no les va tan mal, de hecho les va mejor que a nosotros y nadie puede negar su proximidad a la ciudadanía. Dejo esta alternativa abierta al debate.

Independientemente de las posibles vías competenciales, sobre las que no acabo de posicionarme, como decía al principio, es innegable que la distribución actual, además de ser un riesgo para la propia pervivencia del sistema, es muy poco garantista para la ciudadanía ¡hablemos claro!


Conocer los derechos que como clientes nos asisten o saber a quien debemos dirigirnos para poner una queja en el sistema público de servicios sociales es así como la parte contratante de la primera parte, que es igual a la parte contratante de la segunda parte, pero al revés ¿o era la primera parte? ¡Buf!


(*) El municipalismo es mucho más que otorgar competencias a ayuntamientos, pero esa es otra historia.

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