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Ismos en servicios sociales



Últimamente, las personas que nos dedicamos a la intervención social (especialmente al Trabajo Social) en este país andamos bastante mosqueadas. Años de estudios universitarios, búsqueda de empleo, en algunos casos con oposiciones de por medio, reivindicación del rol profesional y de una sociedad garante de derechos sociales y, mira tú por donde, llega la crisis y con ella iniciativas caritativas, filantrópicas, benéficas y algunas estrambóticas, todas ellas con un denominador común: su carácter asistencialista.

El programa de Toñi Moreno es asistencialista, los bancos de alimentos son asistencialistas, el ropero de Cáritas es asistencialista y un largo etcétera de afirmaciones que verbalizamos o escuchamos todos los días, pero ¿qué entendemos por asistencialismo? La segunda edición del Diccionario de Trabajo Social del Colegio de Málaga dice así:

Asistencialismo: Forma de asistencia en la que el destinatario es meramente un receptor en situación de necesidad de algún recurso social que percibe (bien, servicio, subsidio). No se persigue lograr la independencia del individuo ni que este desarrolle sus propios proyectos, por lo que la situación objeto de prestación es difícil de modificar, reapareciendo dicha necesidad-problemática.

(Arredondo, Cosano, Gutiérrez, Morales, Ortiz y Rivas, 2013, p.29)

Leída la definición, parece que sí, que los ejemplos anteriormente expuestos son iniciativas asistencialistas. No persiguen que el individuo desarrolle sus propios proyectos, sin embargo, entiendo que, en el contexto de emergencia social en que nos encontramos la gente está viviendo situaciones verdaderamente dramáticas que necesitan de una respuesta aquí y ahora. En esa línea, la Junta de Andalucía puso en marcha recientemente el Decreto Andaluz por la Inclusión Social, más conocido como el Decreto de Exclusión.

El Decreto, a pesar de sus muchísimos errores, al menos pretende lanzar un cabo a quienes están en una situación límite, es por ello que, a pesar de no estar de acuerdo con la mayoría de las medidas que plantea, le puedo perdonar su carácter asistencialista porque vivimos en un momento en que hay que asistir, nos guste o no a las profesionales de los servicios sociales.

Lo del asistencialismo no lo llevo tan mal. Lo que me cabrea realmente del Decreto es el paternalismo que destilan algunos de sus programas, paternalismo que, curiosamente, los profesionales de servicios sociales no atacamos, o al menos, no con tanta beligerancia. Me explico: uno de los programas del Decreto es el Programa de Garantía Alimentaria, entre cuyas medidas se encuentra el reparto de alimentos a familias en situación de exclusión social.

En la práctica, esta medida consiste en que la Junta ingresa dinero a los Ayuntamientos para que desde servicios sociales prescribamos lotes de comida a familias necesitadas, que van, con un vale, a un supermercado y retiran alimentos que posteriormente el ayuntamiento abona al comercio.

Para empezar, la medida, además de provocar una fuerte estigmatización para las personas que acuden al supermercado, deja el secreto profesional y la confidencialidad a la altura de una zapatilla ¿o es que no conocemos cómo funciona el patio en los pueblos y pequeñas ciudades? Este efecto me preocupa muchísimo, pero es que hay más ¡Ojo! no cualquier alimento. Aquí la Junta, en un afán municipalista que a veces no llego a entender, permite que cada ayuntamiento se organice de forma autónoma, con lo que encontramos ayuntamientos que han hecho (entre otras cosas) listas de alimentos que provocan auténtica vergüenza ajena.

Al margen de los efectos de la medida, se respira un tufillo paternalista que tira p´atras porque la filosofía que hay detrás es que a estas familias no se les puede dar dinero porque se lo gastan en cervezas, Marlboro, whisky o percebes. Ya se sabe, esta gente no sabe administrarse y cuando pilla un duro se lo funde. ¿Para qué partir del hecho obvio de que la mayoría de familias con escasos recursos se organizan infinitamente mejor que nosotros mismos, por ejemplo, porque de lo contrario ni siquiera podrían subsistir? Es mejor coger la parte por el todo y recordar a la familia Menganilla y su tele de plasma de 78 pulgadas.

Me indigna esta creencia de que todas las familias en exclusión están en esta situación por una mala administración. Echar la culpa a los pobres de su situación no es nada nuevo, pero la cantinela ha calado ya que, a pesar de que las familias que se administran de manera caótica son minoría, los programas siempre, siempre, siempre se ponen en marcha por parte de las administraciones pensando en esa minoría y no en la mayoría restante.

Lo que no me indigna sino que me cabrea, directamente, es descubrir que esas listas de racionamiento vergonzantes e indignas de las que hablaba no las ha elaborado la concejala de turno, no, esas listas de la vergüenza las ha elaborado un-a profesional de los servicios sociales como yo, el mismo o la misma o que llega de la visita domiciliaria escandalizada porque el bebé tiene una cuna muy cara, que pide tickets absolutamente de todos los productos que la familia compra y los revisa con lupa, aunque la familia no tenga un problema de administración económica o que mira con ojos acusatorios a la persona recién atendida que está desayunando al lado en el bar, como yo misma he hecho yo esta mañana ¡vergüenza debería darme seguir conservando estos tics!

Sí, el decreto es un callo, pero a paternalistas a los profesionales de servicios sociales no hay quien nos gane. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que es mejor para las familias y lo gracioso es que muchas veces ni siquiera sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Los políticos se lo tienen que hacer mirar, pero nosotros también. Yo estoy en ello.

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