viernes, 27 de febrero de 2015

Esperar la muerte

http://www.asturiasmundial.com/blogs/saludando/338/ancianos-enfermos/

La radio-despertador me ha dado los buenos días con la noticia de que dos ancianos han fallecido en Canarias tras varios días sin comer ni beber. La policía local y los bomberos acudieron al domicilio, alertados por la médica de cabecera y la trabajadora social del centro de salud, puesto que, según parece, no habían acudido a la cita semanal que tenían concertada. Dice el periódico que la esposa tenía graves problemas de movilidad y el esposo debió sufrir algún problema sanitario. Los encontraron a los dos acostados, juntos, entre vómitos. Ella estaba inconsciente y él apenas tuvo fuerzas para relatar lo ocurrido. Fallecieron al llegar al hospital.

Estoy sobrecogida desde que escuché la noticia. Es desgarrador imaginar como pudieron soportar el transcurrir de las horas, conscientes de que nadie iba a acudir en su ayuda. No tenían hijos ni apoyos externos, y si los apoyos existían, eran puntuales puesto que nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Tampoco tenían teléfono. Solo podían esperar. Esperar ayuda o esperar la muerte, juntos.

¿Cómo pudo suceder algo así? Se entiende que esta pareja de ancianos no contaba con ningún apoyo familiar ni vecinal. Es posible que se tratase de dos personas con aversión a la relación social, pero la realidad es que no había nadie que se preocupase por ellos o que al menos pasase por la vivienda a echarles un ojo, una costumbre habitual entre vecinos, al menos en los pueblos, al menos en el mío. Una costumbre maravillosa, signo de un tejido social denso, de una comunidad unida por los lazos del apoyo y la solidaridad. Una costumbre, como digo, todavía vigente en el ámbito rural. Si residían en una ciudad, la cosa está clara: nadie conoce a nadie por lo que nadie echa un ojo a nadie.

Tampoco parece que estuviesen apoyados por recursos profesionales. No tenían teléfono fijo (eso ha dicho la radio), por lo que no pudieron hacer algo tan sencillo como pulsar el botón de teleasistencia, un recurso que, literalmente, salva vidas. Por desgracia, cada vez hay más personas mayores que anulan su línea telefónica por no poder asumir el coste. No sé si sería el caso, pero la realidad es que cada vez hay menos teléfonos fijos y cada vez hay menos terminales de teleasistencia de carácter público. Un servicio, el de teleasistencia, que debería tener un carácter eminentemente preventivo y extensivo al conjunto de población mayor que reside sola o con otras personas mayores.

Si hubiesen sido usuarios del servicio de ayuda a domicilio, la auxiliar se habría percatado de que algo no marchaba bien si no podía acceder al domicilio. Yo soy bastante reacia a prescribir servicios de ayuda a domicilio que no se realicen diariamente precisamente por esta razón. La auxiliar de ayuda a domicilio es un pilar de apoyo básico para personas mayores que residen en casa y ellas, al igual que el servicio de teleasistencia, también salvan vidas, además de garantizar la permanencia en el medio, la autonomía personal y, lo más importante, hacer la vida mejor a quienes atienden.

Pero ningún recurso se activó. Nunca sabremos si la muerte de estas dos personas fue causada por las políticas criminales que rescatan bancos sin ningún pudor, escudándose en inescrutables y mentirosos dogmas económicos y condenan a la población a la pobreza y la exclusión, si fue causada por una sociedad insolidaria, compuesta por hombres y mujeres que apartamos la mirada del bulto de cartones bajo el que se esconde otro hombre, otra mujer, o si, en definitiva, entre todos los matamos y ellos solos se murieron.

Solo hay una cosa clara en este trágico suceso. La policía y los bomberos acudieron porque dos funcionarias públicas, una médica de cabecera y una trabajadora social tuvieron la sensibilidad de reparar en que estas dos personas no habían acudido a la cita programada y se preocuparon de poner en marcha los dispositivos oportunos para averiguar si algo pasaba, aunque no era parte de las responsabilidades profesionales ni de la una ni de la otra . Dos funcionarias que hicieron lo que humanamente pudieron. Dos funcionarias, entre las miles que diariamente dan lecciones de dignidad a un gobierno indigno. 

Un gobierno indigno que, mientras recorta en derechos básicos para la ciudadanía, se permite poner a los pies de los caballos a las mujeres y hombres que formamos el cuerpo de empleados públicos un día sí y el otro también. Un gobierno indigno, el que soportamos en este país, porque está formado por mujeres y hombres indignos. Desde el jergón en el que insinuáis que dormito siete horas y media diarias, yo, funcionaria, os maldigo.


Los Enemigos
"Desde el jergón"

domingo, 22 de febrero de 2015

Jornada de coordinación sociosanitaria. 2: La patata caliente.

Después de unas ajetreadas semanas vuelvo a la edificante tarea de escribir en este blog. Hoy quiero abordar el segundo de los casos clínicos que tuvimos la ocasión de analizar en la jornada de coordinación sociosanitaria en la que tuve la ocasión de participar, organizada por el hospital de mi comarca, el Hospital de Poniente.

El caso trataba sobre una anciana con alzheimer a la que se le detectan signos de abandono por parte de su cuidador al ingresar en el hospital. La anciana en cuestión pertenece a una familia en la que todos los miembros padecen discapacidades intelectuales con lo que las atenciones que recibe son muy deficitarias. La trabajadora social del hospital teme que al recibir el alta, la anciana vuelva al domicilio con el consiguiente riesgo.

Al contrario de lo que ocurrió al abordar el caso del menor en riesgo, los invitados a la mesa de debate fuimos incapaces de ponernos de acuerdo sobre las actuaciones a poner en marcha para proteger a esta anciana ¿qué pasó con este caso que no ocurrió con el caso del menor?

En primer lugar, las niñas y niños se consideran en esta sociedad un bien a proteger y existe consenso social acerca de que no se puede tolerar que la infancia sufra situaciones de negligencia o maltrato, lo que fomenta la alarma social y la movilización de las instituciones en estos casos.

En segundo lugar y derivado de lo anterior, en el caso de las niñas y niños existe abundante legislación internacional: entre ella, la Declaración de los derechos del niño, que desembocó en la Convención de los derechos de la infancia, legislación nacional: Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, legislación autonómica como es la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.

En tercer y último lugar, existen decretos que concretan la normativa y regulan protocolos de actuación como es el SIMIA en el caso de Andalucía, en el que se contempla como actuar y quien tiene que hacerlo. Así, al detectarse una situación de maltrato infantil, se ponen en marcha mecanismos legales y administrativos.

Cuando se trata de personas mayores o con diversidad funcional que tienen limitaciones psíquicas que les dificultan o impiden su autoprotección, la intervención que las administraciones solemos iniciar consiste básicamente en pasarnos la patata caliente: quienes detectan la situación se niegan a ponerlo por escrito y quienes tienen que actuar en la mayoría de los casos miran para otro lado, argumentando que es un asunto que tienen que arreglar los familiares.

Por otra parte, aquellas profesionales que estamos sensibilizados con la problemática, al tratar de actuar chocamos contra un muro legal y administrativo que genera situaciones tan kafkianas como la que me ocurrió a mí: informé a fiscalía de incapacidades y tutelas sobre un cuidador que tenía abandonada a su madre, instando la toma de medidas cautelares y cuando el caso llegó al juzgado de instrucción de Berja, el juez no solo estableció que no existían motivos para iniciar ninguna actuación (a pesar de las pruebas médicas, sociales y psicológicas) sino que nos obligó al equipo de servicios sociales a realizar un seguimiento mensual del caso durante seis meses. Es fácil imaginar como nos recibía el cuidador cuando realizábamos la pertinente visita domiciliaria.

A pesar de la legislación existente en España relativa a personas mayores y personas con discapacidad, en la que se regula, entre otras cosas, el derecho de estas personas a la protección personal y patrimonial en disposiciones como el Código Civil, que regula la incapacitación de las personas, la acogida familiar y las figuras de la tutela y la curatela, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, que protege a los mayores dentro de la estructura familiar, impidiendo las restricciones sin justa causa de las comunicaciones entre abuelos y nietos, e incluso el Código Penal, que tipifica el maltrato a los mayores dentro de los delitos de violencia doméstica, y en Andalucía la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores  la realidad es que en situaciones de maltrato, abandono o expolio patrimonial no se les protege ¿por qué?

Dice la ley andaluza que acabo de citar (Artículo 44): Las situaciones de maltrato sobre personas mayores detectadas por cualesquiera órganos de las Administraciones Públicas serán inmediatamente puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal. Del mismo modo deberán actuar los profesionales, familiares, amigos, vecinos o instituciones que aprecien situaciones de maltrato o indicios de las mismas, sobre cualquier persona mayor.

El problema es que estas situaciones no se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal y en aquellos casos en que sí se hace, por escandaloso que parezca lo que voy a afirmar, ni el propio ministerio fiscal ni los juzgados de instrucción saben cómo actuar porque la legislación en la materia está muy dispersa y porque no existen ni protocolos de actuación ni mecanismos de coordinación interinstitucional ni en el caso de personas mayores ni en el caso de personas con discapacidad.

Además, la creencia de que estos casos son cuestiones que pertenecen a la esfera privada es una losa que dificulta ostensiblemente que se tomen medidas en el ámbito jurídico, tampoco existe la suficiente sensibilización sobre el maltrato a estas personas. Así las cosas, se impone con urgencia la promulgación de una ley de protección a personas que no pueden valerse por sí mismas y el desarrollo reglamentario correspondiente. Asimismo, considero un imperativo ético que los profesionales visibilicemos estas problemáticas y exijamos a los diferentes partidos políticos que se remanguen e incluyan la protección a estas personas en sus programas electorales ¿o es que su voto no vale lo mismo que el nuestro?

domingo, 8 de febrero de 2015

Jornada de coordinación sociosanitaria: 1. El desembarco de Normandía.

El pasado jueves asistí a una jornada de coordinación sociosanitaria y jurídica organizada por el Hospital de Poniente, en El Ejido. Me invitaron, como trabajadora social de servicios sociales comunitarios, a una mesa de debate con representantes del hospital, salud mental, atención primaria, policía y juzgados, que giró en torno al análisis de dos casos: una menor aquejada de tuberculosis con madre esquizofrénica y un anciano que ingresa en el hospital por patologías derivadas de la desatención de sus familiares.

El análisis de los casos me ha dado dos ideas para escribir sendas entradas. La primera, el efecto Desembarco de Normandía, la segunda, la diferencia abismal existente en cuanto a la protección de las personas menores y las personas mayores. Hoy dedico la entrada a la primera idea.

Tras la presentación del caso, cada uno de los intervinientes teníamos que exponer la mejor opción desde nuestro punto de vista para resolver la problemática en cuestión. Por mi parte, comencé señalando la complejidad que entraña resolver casos en los que están implicadas muchas instituciones. En estos casos se produce, en mi opinión, un efecto Desembarco de Normandía.


Me refiero al hecho de que este tipo de casos, sobre todo el de la menor, son casos escandalosos que provocan una movilización general de las distintas instituciones implicadas, alarmadas por la situación y, no nos engañemos, empujadas por los remordimientos al no haber detectado el problema con anterioridad. Así, una familia que había pasado sin pena ni gloria por pediatria, centro escolar, servicios sociales (posiblemente) y salud mental durante 4 años, estalla ¿no lo habíamos visto o no lo habíamos querido ver?

Una vez que, como digo, el caso estalla, en el mejor de los casos, la parte que ha detectado el problema suele convocar al resto de implicados para acordar soluciones. Digo en el mejor de los casos porque en la mayoría de las ocasiones lo que se produce es una entrada masiva de profesionales de distinta índole en el caso que, lejos de ayudar a la familia, generan confusión y sensación de invasión de un terreno, el familiar, hasta entonces íntimo.

La intervención masiva si es acordada es obviamente una mejor opción. Mantener contactos de cara a establecer acuerdos da lugar a encauzar la intervención en una misma dirección, pero no es suficiente. Observo que a los profesionales nos falta generosidad. Me explico. Normalmente intentamos tirar del caso hacia la resolución de la parte que nos ocupa y pasamos por alto una visión global del caso. Una vez que nuestra parte está resuelta (o es irresoluble), toca retirada, así, el ejército de profesionales deja a la familia, de nuevo, sola.

Decía que estos casos requieren generosidad por parte de los profesionales: debemos ser capaces de diferenciar lo urgente de lo importante y de esperar nuestro turno, incluso a renegar de nuestro propio diagnóstico, si es preciso. En este caso, evidentemente lo urgente es curar la tuberculosis y en esa dirección tendríamos que remar todos en primera instancia.

Posteriormente deberíamos ser capaces de coordinar las salidas y entradas de los distintos profesionales para no generar más caos del que la propia familia ya produce, todo eso es posible si esa mirada global existe, mirada global que no es más que mirada transdisciplinar, pero la transdisciplinariedad es hoy día una utopía. Dice Galeano sobre la utopía que nos indica el horizonte adonde caminar. Comencemos la marcha.