lunes, 31 de agosto de 2015

Ayudas económicas ¡Os odio!

Fuente: http://www.eldiario.es/bbtfile/6_20120906lodStI.jpg

Ando este verano leyendo el libro de Fernando Fantova Diseño de políticas sociales que, como su propio nombre indica, trata sobre la parte macro de lo social y me está gustando mucho. Dedicaré una entrada a reseñarlo en cuanto lo acabe (que va lenta la cosa), pero lo traigo a colación porque una de sus aportaciones es el diseño de la necesaria correlación entre lo macro (políticas sociales) y lo micro, es decir la intervención social, de la cual una parte importante se la lleva la gestión de las denominadas ayudas económicas (ayudas económicas familiares, ayudas de emergencia social y ayudas de inserción social).

Hace tiempo que sufro en silencio como las hemorroides cierta quemazón profesional. Llevo catorce años trabajando en una zona muy castigada por políticas de pan y circo y, a su vez, azotada por el paro y la pobreza (sí, digo pobreza, no digo exclusión); la combinación de las dos problemáticas da lugar a que una parte significativa de la población demande con insistencia ayudas en servicios sociales. Vaya por delante que no les culpo. En sus circunstancias haría lo mismo que ellos. Dice Félix Castillo que el comportamiento no se puede cambiar y tiene razón.
(Soy consciente de que quien me esté leyendo se habrá quedado con las patas colgando con esta afirmación, por lo que animo al visionado del vídeo enlazado, advirtiendo, eso sí, que son 20 minutos del ala. Prosigamos...)
Entiendo que la gente demande con insistencia ayudas económicas. En primer lugar y lo más importante, porque la gente las necesita para sobrevivir. En Andalucía nos vanagloriamos de obtener notas estupendas en materia de dependencia, pero mantenemos un silencio cómplice ante la escandalosa situación de abandono en la que se encuentra la alternativa a las ayudas económicas para familias con cero ingresos: el denominado Programa de Solidaridad de los Andaluces o, como es más conocido, Salario Social.

El salario social: una renta de ¿inserción?¿de garantía de mínimos? (no lo sé, la verdad) por la que hay que esperar de 8 meses a un año. Una prestación que cada vez es más difícil de obtener por las trabas administrativas a las que la Junta somete a las personas solicitantes. Una situación que debería enrojecernos a los profesionales, a los colegios profesionales, a los partidos políticos y a los colectivos ciudadanos, sobre todo al comprobar como en otras comunidades autónomas nos hemos puesto en pie de guerra por lo mismo. Una negligencia de la administración que debería llevarnos a todos a las puertas de las delegaciones. En definitiva, una vergüenza. Pero aquí estamos. Aquí estoy yo, dándole vueltas a escribir sobre el salario, pero sin hacer nada más. Con un sistema de garantía de ingresos mínimos estas ayudas, simplemente, no tendrían por qué existir. Derechos, exijamos, frente a la beneficencia actual (y digo bien, ya que estas ayudas no están reglamentadas ni sujetas a derecho y el procedimiento administrativo es, digamos, escaso).

En segundo lugar, las ayudas económicas se asientan sobre un viejo modelo terapéutico consistente en la tramitación de estas prestaciones como apoyo a la intervención familiar.  La vieja estrategia del palo y la zanahoria. El problema es que la realidad no es tan sencilla y el modelo hace aguas en el momento en que una familia te interpela ¿Porque mi hija de 15 años se niega a ir al instituto me quitas una ayuda que es para comer?¿qué tiene que ver?¿qué culpa tienen mis otros niños?¿qué hago con la niña, la mato a palos? Verídico. Y cierto. Poner en marcha desde un contexto asistencial estrategias de control nunca dio buen resultado. No nos engañemos. Al menos yo no.

En tercer lugar, nos encontramos el problema de que hay gente que no tiene problemas. Me explico: que no tiene problemas más allá de los puramente económicos. Que no están averiados, vaya. Que lo hicieron todo bien: tenían trabajo, compraron una vivienda, dieron educación a sus hijos y ahorraron. Como premio, el sistema les obsequió con tremenda bofetada: perdieron el trabajo, se les acabaron los ahorros, les quitaron la vivienda y las redes familiares claudicaron ¿qué proyecto de intervención familiar les ofrecemos a estos?¿qué podrían hacer que no hayan hecho ya?¿qué tendrían qué cambiar? La letanía del despacho se hace insoportable: Apúntate al paro - Estamos apuntados. Haced cursos - hemos hecho cursos. Echad currículos - Los tenemos levantados ante el señor ¡Pues igualmente estamos obligados a diseñar un PIF! Será que hay algo que hicieron mal, seguro que hay por ahí algo por arreglar ¿no?

En cuarto y último lugar, la comprobación de ingresos...en dos palabras: el horror. En servicios sociales (al menos donde yo trabajo) no tenemos forma de cruzar datos con otras administraciones, así que pedimos documentación a las personas solicitantes, pero, además de los problemas de documentación nos encontramos con que muchas de ellas trabajan en economía sumergida ¿qué hacemos entonces?¿aprobamos? ¡Pero si Fulanito tiene unos ingresos de 900 euros al mes, les dan ayudas a cualquiera! ¿denegamos? ¿Con qué motivo?¿Que Menganita ha venido a vernos furiosa porque a su cuñado Fulanito le hemos aprobado una ayuda económica familiar a pesar de trabajar en los invernaderos sin dar de alta y a ella, que no trabaja ni en b, con 426 euros de ayuda se la hemos denegado?

Pues sí amigos, esta es la realidad de las ayudas económicas. Suele decir mi compañero Rafa que gestionamos miseria, y es que ni siquiera he tratado en esta entrada el tema de las cuantías. Miseria, sí, miseria gestionamos, una miseria que ocupa la mitad de nuestro tiempo de trabajo y que es pan para hoy y hambre para mañana, que es beneficencia y no es un derecho. Ayudas económicas ¡os odio con todas mis fuerzas!

La música africana, sobre todo de la parte occidental (Senegal, Mali, 
Marruecos, Argelia, Cabo Verde, Camerún...) es una de mis pasiones. 
Hoy comparto la canción Lampedusa, de Toumani Diabaté
y Sidiki Diabaté, su hijo. Toumani Diabaté es un músico de Malí que
interpreta la kora de forma magistral. En España lo conocimos porque
colaboró en el también magistral disco Songhai, de Ketama. Su hijo
Sidiki ha heredado el talento de su padre y está experimentando con
ritmos alejados de la tradición Griot. En fin, me encanta el sonido de 
la kora y me relaja mucho, sobre todo tras un día de valoración 
de ayudas económicas.

domingo, 23 de agosto de 2015

El buen profesional

¿A qué nos referimos cuando calificamos a alguien como un buen profesional?¿Qué condiciones deben producirse para que podamos considerarnos nosotros mismos como buenos profesionales? De esto y algunas cuestiones más trata el artículo de Damián Salcedo El buen profesional, publicado en la revista electrónica Cuadernos de Trabajo Social, de la Universidad Complutense.

Traigo este artículo hoy al blog porque su autor plantea en él algunos razonamientos que vienen especialmente a cuento en estos tiempos. Damián Salcedo es profesor de ética, autor del libro Autonomía y Bienestar: la ética del trabajo social y ha escrito numerosos artículos al respecto. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en la Universidad de Granada y desde entonces voy siguiéndole la pista ya que, además, la ética es una materia que me interesa mucho, no sólo en el plano profesional.

La idea central del artículo (cuya lectura recomiendo para entender los detalles) es mostrar una nueva manera de entender la identidad profesional, correlacionada con la moral personal. Para ilustrarla, el autor expone el concepto derecho a fracasar de Soyer, que me ha encantado. Pero vayamos por partes. El hilo argumental es el siguiente: lo que hace moral la conducta de un profesional no es la vocación ni los bienes que procura a la sociedad, sino el cumplimiento del conjunto de principios que su colectivo declara como constitutivos de la profesión y que la sociedad reconoce como tales.

Salcedo afirma que muchos profesionales no somos conscientes de hasta qué punto depende nuestra calificación del grado de cumplimiento de los principios y normas de la profesión. Podríamos poder como ejemplo el cumplimiento del secreto profesional (aunque en este caso es también un imperativo legal). Así, la integridad profesional es una pista para analizar si se es buen o mal profesional (si se es íntegro o corrupto). La integridad profesional se entiende no como el mero seguimiento de las normas sino como la asunción de las mismas como parte de la cultura de la profesión, como parte del orgullo de ser profesional.

¿Qué quiere decir todo esto en la práctica? Que quienes se identifican con los valores de la profesión, en palabras de Salcedo desarrollan hábitos altruistas,
Por el contrario, la falta de identificación profesional puede ser el primer paso de un camino hacia una práctica acomodaticia y, finalmente, corrupta, sobre todo cuando ésta tiene que realizarse en organizaciones ya degradadas por el ejercicio de una autoridad anacrónica y la falta de recursos.
Al darle vueltas a esta idea me surgen varias reflexiones. En primer lugar, que la práctica profesional corrupta o, sin llegar a tal extremo, acomodaticia, es un proceso que comienza con una interpretación laxa de las normas y los valores, lo que me lleva a pensar en la importancia de no perder de vista ambas cosas; nuestros códigos deontológicos, nuestros compromisos éticos, nuestros principios profesionales, en definitiva, son nuestra tabla de salvación ante la degradación como profesionales en un sistema ya degradado. Aquí, los colegios profesionales tienen un papel central, tanto en el refuerzo de la identidad profesional como en la promoción y difusión de nuestros valores y, por qué no, en la resolución de dilemas éticos a través de comités de ética, grupos de trabajo, etc.

Por otra parte, como decía, vivimos en un momento de total degradación del sistema público de servicios sociales unido a la más que evidente falta de recursos, dos factores, como sabemos, generadores de mala praxis. Tal y como escribe Pedro Celiméndiz, languidecemos.
Languidece el Sistema de Servicios Sociales. Incapaz de definirse y de posicionarse, golpeado por la realidad que tiene que afrontar, desarmado y vencido. Fracasado entre lo que quiso ser, lo que supo ser, lo que le exigieron ser y lo que al final fue.
Es momento, quizá, de aferrarnos a lo único que el sistema no nos puede robar: a nosotros mismos, a nuestro ser profesional, a nuestra capacidad de acompañar a los usuarios, de proporcionarles un punto de apoyo. En esta línea, el autor afirma
De los profesionales se espera que construyan su identidad profesional en torno a la adhesión íntima a los valores profesionales. Ahora bien, un profesional que ha vivido dramáticamente un dilema entre sus convicciones personales y sus convicciones profesionales, es alguien que se ha roto por dentro.
Para evitar esta fractura, Salcedo propone una nueva manera de entender la identidad profesional, que compatibilice los valores profesionales y personales. Termina su artículo ilustrando el argumento con el concepto derecho a fracasar de Soyer. Un concepto elaborado ¡en 1963! No me he podido resistir a finalizar mi entrada con un fragmento del final del artículo, a mi entender, demoledor por lo real.
(...) es un principio esencial de la práctica de la profesión el respeto al derecho de autodeterminación del cliente. Si bien, también se sabe que no hay que respetarlo cuando, de su ejercicio, se derive un peligro grave para otras personas o para el propio cliente. Luego, quizás, se pase a creer que tampoco habría que respetarlo cuando las decisiones del cliente sean irracionales o erróneas. Por último, se termina adoptando, como una conducta rutinaria, la protección del cliente de cualquier elección que pueda realizar y que, a juicio del trabajador social, pueda implicar una experiencia penosa. El resultado es conocido.
Seré sincera: siempre que me preguntan si la profesión del trabajo social sigue adoleciendo de tics asistencialistas, yo respondo quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días...

Gaby Moreno
Quizás, quizás, quizás
(Gracias, Cristina Castellano
por darme a conocer a Gladys)


miércoles, 5 de agosto de 2015

Trabajadores sociales en la gestión pública


En esto de los servicios sociales y el trabajo social estamos tan escasos de buenas noticias que cuando se producen casi que ni reparamos en ellas. El nombramiento de trabajadores sociales como altos cargos en gobiernos locales o autonómicos es, creo, una buena noticia. En esta nueva legislatura han aterrizado en puestos de responsabilidad autonómica varios compañeros y compañeras: Joaquín Santos, Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Mercè Martínez Llopis, Directora General de Servicios Sociales y Autonomía de la Generalitat Valenciana o Carmen Núñez Cumplido, Directora General de Políticas Sociales, Infancia y Familia en la Junta de Extremadura. En Andalucía ya fue nombrada Consejera en la anterior legislatura María José Sánchez Rubio, quien a su vez nombró Director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia a Manuel Martínez Domene y Secretaria General de Políticas Sociales a Ana María Rey.

A estas alturas está de más explicar la importancia que tiene la presencia de trabajadores sociales en puestos de responsabilidad política, tanto para nuestro colectivo como para los propios partidos, pero sobre todo para la ciudadanía. Aunque no soy de las que creen en la tecnificación de la política, es innegable que no es lo mismo gestionar una consejería de políticas sociales siendo abogada que trabajadora social. Digo esto con tristeza porque si los partidos políticos integrasen en su ADN líneas ideológicas claras y meridianas en materia de política social que se viesen concretadas en los programas electorales, la profesión de quien tiene que hacer realidad estos programas no tendría tanta relevancia. Y líneas programáticas claras en materia de política social no las tiene ningún partido político de este país. Ninguno. Recordemos como ejemplo la perla de Zapatero: bajar impuestos es de izquierdas.

Sea como fuere, es una buena noticia la progresiva incorporación de compañeras y compañeros a la gestión pública, máxime en un momento, el actual, en que todo lo que huele a política es señal de corrupción y arribismo. Es por ello que será muy positivo que estos compañeros y compañeras cuenten con el apoyo de la profesión, independientemente de las críticas que puedan recibir por su gestión política, que, como es normal, las habrá y ellos tendrán que asumirlas con la actitud reflexiva y demócrata que seguro les avala.

En esa línea, considero fundamental que la implicación política y colegial respectivamente estén absolutamente separadas. En mi opinión, los colegios profesionales (no solo los de trabajo social) durante un tiempo han estado excesivamente politizados y esa politización ha mermado su capacidad de reivindicación, contribuyendo así a generar(se) un cierto descrédito acerca de su papel. Hay que instaurar también la separación de poderes, por así decirlo, en el ámbito del trabajo social y los presuntos implicados en política debemos mantenernos en un discreto segundo plano colegial, por ética y estética, durante nuestra etapa política activa.

Hay que decir, en descargo de quienes han desempeñado ambas responsabilidades, que no siempre hay o ha habido personas dispuestas a asumir cargas colegiales. En nuestra profesión parece no haber término medio: o estamos en veinte fregados a la vez o no se nos ve el pelo fuera del trabajo. Afortunadamente hoy día hay muchas maneras de participar en la vida pública, sea esta política, colegial o de otra índole, por lo que insisto en animar a las compañeras y compañeros a que se impliquen allá donde se encuentren más cómodos, porque hoy más que nunca es necesario (aquí he intentado por todos los medios meter uno de los chistes de Amanece que no es Poco, pero no ha habido forma).

Por último, quiero pedir disculpas si me he olvidado de alguien que también haya sido nombrado recientemente y desear a las personas que han sido nombradas la mayor de las suertes. Sois unos valientes. Seguro que vuestros territorios lo agradecerán.

Peliculón...