jueves, 28 de enero de 2016

Demasiado

Juana tiene 32 años y un hijo, Jonathan, de 14. Jonathan se encuentra en situación de dependencia en grado II. Juana tiene más hijos, uno de ellos un bebé. Jonathan no conoce a su padre. Juana lo tuvo con 18 años, y desde entonces no ha tenido ningún contacto con él. Jonathan no conoce a su padre, pero sí ha conocido a muchas parejas de su madre. Y muchos pueblos donde estas parejas residían. Muchos colegios, uno en cada pueblo. Siempre con su madre. De aquí para allá. Por eso Juana no puede percibir la prestación por cuidados en el entorno familiar: Jonathan carece de un entorno estable y de los cuidados adecuados. Juana es para el servicio de dependencia, en definitiva, una mala madre.

Juana tiene 32 años y un hijo, Jonathan, de 14. Jonathan se encuentra en situación de dependencia en grado II. Juana tiene más hijos, uno de ellos un bebé. Jonathan no conoce a su padre. Juana lo tuvo con 18 años, y desde entonces no ha tenido ningún contacto con él. Jonathan no conoce a su padre, pero sí ha conocido muchas parejas de su madre. Jonathan estuvo retirado, pero el servicio de protección de menores lo devolvió a su madre. Juana tenía un buen vínculo con su hijo. Se preocupaba por él: iba a visitarlo y seguía las indicaciones de los profesionales. Juana recuperó a su hijo. Volvieron los problemas: Juana de aquí para allá y de pareja en pareja, de subsidio en subsidio y de problema en problema. Los profesionales de servicios sociales de cada pueblo enviaban informes al servicio de protección de menores para que Jonathan fuese retirado de nuevo, pero Jonathan continúa viviendo con Juana porque según menores no es, en definitiva, tan mala madre.

Paco tiene 55 años y es encofrador. Tenía una empresa, pero los clientes le debían mucho dinero y tuvo que cerrar. Se separó. Tiene una hija. Debe cuotas a la seguridad social. Paco busca trabajo. Es tozudo. Insiste. No encuentra. No puede pagar la manutención de su hija. Ni la hipoteca. Posiblemente el banco lo desahucie. Paco acude al INEM, ahora SEPE. Paco acude al SAE. Paco hace cursos. Paco habla con empresarios y Paco se coloca todos los días en la plaza. Paco no encuentra trabajo porque Paco es, en definitiva, demasiado viejo. Los empleadores no lo quieren. Prefieren chavales.

Paco tiene 55 años y es encofrador. Tenía una empresa, pero los clientes le debían mucho dinero y tuvo que cerrar. Se separó. Tiene una hija. Debe cuotas a la seguridad social. Paco busca trabajo. Es tozudo. Insiste. No encuentra. Paco acude al INEM, ahora SEPE. No puede cobrar más prestaciones, las ha agotado todas. Paco entonces es enviado a servicios sociales: la trabajadora social le dice que aún es joven, que tiene que hacer todo lo posible por cotizar porque le quedan, en el mejor de los casos, 10 años para jubilarse y si no cotiza lo perderá todo. La trabajadora social le informa de que no reúne requisitos para ninguna ayuda porque no está enfermo, no tiene discapacidad, no se encuentra en situación de dependencia. Solo puede acceder al salario social, pero tendrá que esperar de 8 meses a 1 año. Que trate de aguantar. Que se busque la vida como pueda. Lo incluirá en el programa de garantía alimentaria. Paco es, en definitiva, demasiado joven para pensar en pensiones.

Aurelia tiene 87 años. Es viuda y sin hijos. Aurelia vive en una vieja casa construída a diferentes alturas, plagada de escalones. Aún así, se mañea. Su vecina acude a los servicios sociales para que le pongan una muchacha. Las han enviado del centro de salud. Aurelia es bastante autónoma y su médico de cabecera piensa que la mejor forma de evitar males mayores es que reciba ayuda, ya que el enfermero le ha dicho que la casa es un peligro.

Aurelia tiene 87 años. Es viuda y sin hijos. Aurelia vive en una vieja casa construída a diferentes alturas, plagada de escalones. Aún así, se mañea. Su vecina acude con Aurelia a los servicios sociales para que le pongan una muchacha. Solicita dependencia, pero no obtiene grado alguno. Es normal, es autónoma. La vecina dice que si sigue subiendo a tender la ropa se va a caer y le va a pasar algo, pero no puede recibir ayuda a domicilio a través de la dependencia porque es autónoma, ni tampoco a través del plan concertado porque no es un caso de urgencia. Pasará a lista de espera. Igual cuando, al fin, se caiga, se pondrán en marcha los servicios oportunos, que incluirán, posiblemente, una carísima medicación, una carísima grúa o una carísima plaza residencial.

Jennifer tiene 23 años. No tiene estudios. Vive con Diego, de 22. Está embarazada. Los padres de Diego han habilitado un almacén para la pareja que tienen al lado de su vivienda. No tiene cuarto de baño, claro. Tienen que hacer las necesidades en casa de los padres de Diego. Están muy preocupados porque el almacén no tiene ventilación y no es sitio para la bebé. La trabajadora social les ha dicho en varias ocasiones que ese no es lugar para la niña. Ellos lo saben. Si consiguiesen ahorrar un poco de dinero con la venta ambulante y la trabajadora social les ayuda se marcharían de allí.

Jennifer tiene 23 años. No tiene estudios. Vive con Diego, de 22. Está embarazada. Los padres de Diego han habilitado un almacén para la pareja que tienen al lado de su vivienda. No tiene cuarto de baño, claro. Tienen que hacer las necesidades en casa de los padres de Diego. Están muy preocupados porque el almacén no tiene ventilación y no es sitio para la bebé. Ellos se buscan la vida vendiendo fruta de forma ambulante con una vieja furgoneta que el padre de Jennifer les dió. La furgoneta se ha roto. No pueden pagar la reparación. No tienen dinero. No tienen apoyos económicos más allá del plato de comida. Tampoco pueden pedir un préstamo. No se lo concedería ningún banco.

Jennifer acude a los servicios sociales a solicitar ayuda para reparar la furgoneta. Es su medio de vida. La trabajadora social les informa de que no hay ayudas para la reparación de la furgoneta, sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto que han presentado. Mejor que piensen en comprar otra. Pero no tienen dinero. Quizá si la trabajadora social tramita el salario social de forma urgente y se solicita un pago único se podría asumir la reparación. El problema es que les van a denegar el salario porque no están empadronados en esa vivienda y es condición sine qua non. Han intentado empadronarse, pero el ayuntamiento no lo permite porque esa vivienda no es una vivienda, es un almacén. No reúne condiciones de habitabilidad, y menos para una bebé.

Trabajar en los servicios sociales es ahora demasiado duro, pero abandornarlo todo es demasiado utópico y demasiado cobarde. Este país es demasiado inhóspito para sus habitantes y quienes manejan los hilos, demasiado egoístas para cambiar nada. Las instituciones no funcionan. Son demasiado burocráticas, demasiado decimonónicas y demasiado rígidas. Esto es, en definitiva, demasiado.

lunes, 18 de enero de 2016

Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía (2 de 2)

Esta es mi segunda entrada dedicada al análisis del proyecto de ley andaluza de servicios sociales, aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado día 12, que da pie al inicio del trámite parlamentario. En la entrada anterior traté de contextualizar la controversia que acompaña esta ley desde su nacimiento, la pasada legislatura. Ahora corresponde desgranar los motivos por los que desde el Área Andaluza de Servicios Sociales de IU Andalucía, a la que pertenezco, rechazamos el proyecto de ley.

En primer lugar, por el famoso blindaje de derechos. La Junta ha anunciado a bombo y platillo que esta ley blinda el derecho a los servicios sociales. No es así. La ley establece dos tipos de prestaciones: prestaciones garantizadas y prestaciones condicionadas, pero es que además, con respecto a las primeras, el art. 41 establece:
Artículo 41. Prestaciones garantizadas.
1. Se considerarán prestaciones garantizadas aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria, de acuerdo con la asignación de recursos, la situación económica, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y las condiciones establecidas en cada caso.
Ante las críticas recibidas por la redacción de este artículo (que las ha habido aunque la consejera las niegue) la Junta se ha apresurado a matizar que es imposible redactarlo de otro modo porque el artículo 135 de la Constitución fija un techo de gasto y se trata de una norma de rango superior. Un artículo, como ya dije, modificado a través del archisabido pacto nocturno y alevoso PSOE-PP.

Continúan argumentando que el obstáculo de la estabilidad presupuestaria no es insalvable, puesto que la ciudadanía puede acudir a los tribunales (Art.7.2). Sí. Es vox pópuli lo fácil y accesible que es de un tiempo a esta parte acudir a un juzgado español, sobre todo si se trata de personas en procesos de exclusión social ¡Amos, anda! Ya estoy viendo yo los juzgados llenos de gente cuando las prestaciones económicas se dilaten en el tiempo y el espacio, como sucede con el salario social, la prestación de la vergüenza.

En segundo lugar, por la definición del sistema. No lo entiendo. Doctores tiene la iglesia y muy buenos, por cierto. Hay muchas personas de la órbita socialista que están trabajando por la mejora del sistema público de servicios sociales, con grandes aportaciones. Pues no. Aquí seguimos con la atención de las necesidades sociales, los recursos y la atención individual. Es una ley prestacional pura y dura, no hay más que leer la definición del sistema:
Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a satisfacer el derecho de todas las personas a la Protección Social, en los términos recogidos en las Leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios, configurados como un elemento esencial del Estado de Bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.
Nosotros planteamos en el anteproyecto la siguiente definición del sistema:
Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la Protección Social, en los términos recogidos en las Leyes, y tienen como finalidad el desarrollo y la integración personal y familiar, promoviendo la capacitación y autonomía personal, la participación activa en la vida comunitaria, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden valerse por sí mismas y la prevención y tratamiento de los procesos individuales y grupales de exclusión social.
Es una ley, insisto, meramente prestacional y anclada en la esfera personal individual. Una oportunidad perdida de transformar los servicios sociales. Por otra parte, a pesar de que la figura de la trabajadora o trabajador social queda recogida (lo que es de agradecer) no aborda el grave problema de las ratios. Era el momento oportuno, pero, una vez más, se observa que el legislador ha puesto mucho cuidado en no explicitar medidas que pudieran suponer un aumento del gasto, como la contratación de más profesionales. Siempre el gasto.

En tercer lugar, es una ley que otorga carta de naturaleza a la externalización de los servicios. El anteproyecto daba, literalmente, miedo: hicimos un análisis léxico y los términos empresariales ganaban por goleada a la terminología social (puedes consultarlo aquí). Como ya dije en la entrada anterior, CC.OO. Andalucía está denunciando, entre otras, esta problemática y pone sobre la mesa una realidad que todos conocemos: las implacables condiciones de precariedad que soportan las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc., servicios gestionados en su gran mayoría por importantísimas multinacionales de cuyos nombres no quiero acordarme. Estas multinacionales deben estar frotándose las manos.

En cuarto lugar, rechazamos el papel de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. A aquellas personas que me estén leyendo desde fuera de Andalucía, les explicaré que la Junta de Andalucía creó en 2011 un entramado de agencias que constituyen una auténtica administración paralela, una tela de araña caracterizada por el despilfarro, la opacidad y colocación de cargos variopintos (salvo honrosas excepciones), a través de la promulgación de la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía.

La eliminación progresiva de las agencias fue, junto con la creación de una banca pública, una prioridad para Izquierda Unida en el cogobierno. Así nos lució el pelo (¡almas de cántaro las nuestras!). Concretamente en lo relativo a la plasmación de la gestión de los servicios sociales nuestra postura se resumía en que si no se podía asumir la gestión directa por parte de la Consejería, al menos se crease un servicio andaluz de servicios sociales tipo servicio andaluz de salud. Pues la Agencia no solo se ha mantenido sino que a través de esta ley amplía sus competencias. Hablando de competencias, además, la reforma local de por medio...

Por último, echamos mucho de menos aspectos relativos a la participación y la coordinación. Al primero de los dos ya le dediqué una entrada con anterioridad que puedes leer aquí, por lo que no me detendré. Con respecto a la coordinación, es una auténtica pena que esta ley obvie dos grandes desafíos: si el sistema no se define nítidamente, como ya he explicado anteriormente, y tampoco la ley incluye medidas en materia de política intersectorial, es francamente difícil que los servicios sociales nos situemos en igualdad frente al resto de políticas sociales (sanidad, educación...) y demos el salto del todo para algunos -cubrir todas las necesidades de la población en procesos de exclusión- a algo para todos, ofreciendo un verdadero catálogo de servicios, que no prestaciones, a toda la población, con especial incidencia en los sectores con mayor vulnerabilidad.

Por todo lo dicho consideramos que si no cambian mucho las cosas durante el trámite parlamentario (trabajaremos para evitarlo) esta ley será la gran oportunidad perdida de transformar los servicios sociales en una comunidad, Andalucía, que los necesita como agua de mayo. Mucho más que una tarjeta digital. 

viernes, 15 de enero de 2016

Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía (1 de 2)

La segunda ley de servicios sociales de Andalucía llega al parlamento veintiocho años después. El pasado 12 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el anteproyecto de ley que, siguiendo el trámite legislativo, pasa a denominarse proyecto de ley y se envía al Parlamento para su aprobación (puedes consultarlo aquí)

La noticia vino acompañada de la fanfarria habitual tratándose de la Junta de Andalucía, fanfarria que dio lugar a titulares tan espectaculares como este: Andalucía será la primera en blindar por ley los servicios sociales. Blindaje que no es tal, puesto que está supeditado a la
estabilidad presupuestaria (artículo 41 del proyecto dixit), por mor del maldito artículo 135 de la Constitución que el PSOE no dudó en reformar de acuerdo con el PP. Una modificación, estoy segura, de la que Susana Díaz no se arrepiente en absoluto; sufrimos como presidenta al baluarte del ala Fino-Party del PSOE para desgracia de las bases del partido, y es que muchas personas socialistas a las que conozco no se sienten en absoluto representadas por Susana Díaz.

Desde el Área de Elaboración Colectiva de Servicios Sociales de Izquierda Unida veníamos trabajando en los inmumerables borradores del anteproyecto, ya que la nueva ley lleva dando vueltas por despachos y correos electrónicos desde Huelva hasta Almería casi desde el inicio del pacto de gobierno autonómico PSOE-IU. Por ello, las reflexiones que hoy escribo en esta entrada, tan extensa que he tenido que dividirla, no son mías sino el fruto de un trabajo colectivo.


Nuestra posición con respecto al proyecto de ley es de rechazo frontal. Ya lo fue durante la confección del anteproyecto y así lo reflejé en cuatro entradas: la primera, dedicada al objeto de la ley, la segunda a la mercantilización de los servicios sociales, la tercera al escaso papel que juega la participación y la cuarta y última referida al nudo competencial. Teníamos más críticas, pero estas me parecieron las más relevantes.


No fuimos los únicos en criticar la ley: ni muchos colectivos de afectados ni los sindicatos vieron el anteproyecto con buenos ojos, así como el propio Consejo Andaluz de Trabajo Social, que calificó la ley como campo de minas, lo que no sentó nada bien en la Consejería. La Consejería ¡tan acostumbrada como ha estado a convivir exclusivamente con entidades y colectivos palmeros, incluyendo a algún que otro colegio de trabajo social! Ante este sorprendente giro de los acontecimientos, la ley volvió al cajón.

El nuevo gobierno (apoyado por Ciudadanos, ojo) ha traído de vuelta el anteproyecto, un documento muy participado, según reza el documento de presentación del proyecto. con 2.119 alegaciones. Cierto. Lo que no dice el documento es cuántas de ellas se han convertido en enmiendas, es decir, cuántas se han asumido en el texto actual. Por lo pronto, el Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social ya ha declarado que se ha rechazado un  64% de las que presentó; un órgano, el consejo, que ha realizado un trabajo muy concienzudo con las alegaciones, que me alegra reconocer y felicitar.

Además de las críticas de IU Andalucía, CC.OO. Andalucía tampoco tira cohetes precisamente. El sindicato considera que la ley abre las puertas a la privatización y ha iniciado una campaña en redes sociales, denominada ¿Qué pensamos de la ley de servicios sociales? que contiene memes bien gráficos, como este (es uno de los cinco que circulan):

Así las cosas, digamos que es, cuanto menos, pintoresco que la consejera niegue críticas a la ley. No me extraña, como decía, el PSOE en Andalucía no está acostumbrado a que se le lleve la contraria y menos en materia de servicios sociales, un sector que ellos se han encargado durante años y años de tener controlado a través de colectivos y asociaciones afines, presidencias de colegios profesionales y un  largo etcétera. Llegados hasta aquí, la pregunta es ¿Cuáles son (ahora) las razones concretas del rechazo frontal al (ahora) proyecto de ley?

Continuará...

lunes, 4 de enero de 2016

Aprendiz de feminista

Nunca me he considerado feminista. Es más, a lo largo de mi vida he huído conscientemente de clasificarme como tal: en mi condición de lesbiana no tenía que compartir mi vida con un varón y, por tanto, tampoco tenía que negociar normas, roles o cualquier otro aspecto de una supuesta vida en común. Mi salida del armario me ahorró los típicos devaneos adolescentes y aprendí a relacionarme con los hombres sin que la sombra alargada del sexo se proyectase sobre mí. Era una privilegiada. El feminismo no era mi guerra.

En el ámbito estudiantil y posteriormente laboral tampoco sentí que tuviese que reivindicar espacios que me hubiesen sido arrebatados; mis estudios y mi profesión son de los llamados feminizados, por lo que las relaciones se dan básicamente entre mujeres, no solo entre las profesionales sino con las personas usuarias, entre las cuales el porcentaje podría rondar perfectamente el ochenta por ciento de mujeres. Mujeres usuarias, luego me detendré en este punto. Ahora solo trato de expresar lo absolutamente ciega que estaba por aquellos entonces, hasta el punto de no darme cuenta de que mis jefes eran, y son, en su mayoría hombres, por poner un ejemplo.

Mi formación académica no me aportó ninguna perspectiva de género. He de decirlo así de claro. Ni me extraña ni me enfada porque creo que mis profesoras estaban inmersas en la misma confusión que yo. A fin de cuentas ellas eran mujeres liberadas. Tengo la sensación, además, de que muchas mujeres heteros no miran de frente al feminismo para no enfrentarse a sus propias contradicciones en el ámbito familiar, y me parece que es lo que les pasaba a mis profesoras y a muchas otras mujeres entre los 45 y los 60 años.

Fue mi afiliación política la que me abrió las puertas al feminismo. No fue una cuestión de correlación de fuerzas, sino el impacto que me produjo escuchar los discursos de mis compañeras del área de la mujer, no en actos ¡qué va! en las cervezas de después. Yo las escuchaba con cara de gilipollas porque en verdad había aspectos de la realidad que habían comenzado a chirriarme, pero no supe encajarlos en un marco analítico hasta escuchar sus argumentos.

Y es que, seamos sinceras, la cosa chirría ¿Por dónde empezar? Sería demasiado largo y tedioso poner sobre la mesa todas las manifestaciones de machirulismo galopante que vemos, escuchamos o soportamos a lo largo del día: ¿El vestido de Cristina Pedroche? ¿Las investigaciones que arrojan el dato de que los jóvenes ven normal controlar a sus parejas vía móvil, etc? ¿Las mujeres que han sido agredidas sexualmente en la última nochevieja por su culpa, según la Guardia Civil? Me quedo con la perla de anuncio de una clínica de Almeria en Los 40 que ofrece re-cons-tru-cción del hi-men. Sí. Me quedé tan estupefacta cuando escuché la cuña radiofónica por primera vez y me ha cabreado tanto escucharla después que ni siquera sé explicar cuánta indignación siento sin soltar una cascada de improperios.

Me doy cuenta hoy de cuán equivocada estaba ayer y de las consecuencias de mi error, no ya en el terreno personal sino (lo que es más grave) en el ámbito laboral. Obviar la perspectiva feminista supone asumir el discurso heteropatriarcal como trabajadora social: ¿Cuantas veces he citado a la mamá por el absentismo de la hija? ¿Cuántas veces he realizado un PIA (programa individual de atención) incluyendo como cuidadoras a las hijas y no a los hijos? ¿Cuántas veces he realizado intervenciones familiares sin la necesaria perspectiva de género, que reordenara dinámicas injustas para las mujeres de la familia? Me temo que en demasiadas ocasiones. Yo pensaba que el feminismo era un sesgo, y lo que es un sesgo es la propia estructura social. Las gafas feministas ayudan a visionar la realidad como debería ser. Es una de mis funciones como trabajadora social ayudar a cambiarla y uno de mis propósitos de año nuevo seguir intentándolo, mejor.

Feliz 2016.