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TTIP y servicios sociales (por Enrique Usoz y Belén Navarro)

Hay una serie de temas que se van turnando en mi lista de quebraderos de cabeza sociopolíticos, unos suben en la lista y otros bajan, como en Los 40. Ahora lidera mi ranking particular el TTIP así que me he decidido a tratar este tema en el blog. El TTIP es un tema peligrosamente silenciado con el objetivo de que la ciudadanía ignore sus dañinas e irreversibles consecuencias si llega a ver la luz: pérdida de la soberanía de los países, destrucción del empleo, de derechos laborales, retroceso de la agricultura, de la normativa ambiental y alimentaria, de la igualdad de género y el desmatelamiento de los servicios públicos.


En mi caso, voy a centrarme en esto último, es decir, en las implicaciones para los servicios públicos y más concretamente para los servicios sociales. Para ello he pedido la colaboración de Enrique Usoz, que además de ser mi cuñado (que no cuñao), es una persona muy ducha en temas locales; aporta una interesante reflexión sobre el TTIP y la administración local que es el punto de partida para entender la deriva de los servicios sociales. Fruto de este intercambio es una entrada a dúo.

Enrique Usoz
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership) es un tratado de libre comercio que está siendo negociado entre la Unión Europea y EEUU desde junio de 2013. El acuerdo busca bajar los aranceles, aunque éstos ya son bajos de por sí, liberalizar nuevos mercados y armonizar la legislación entre ambas potencias (en la práctica, adaptar la legislación europea a la legislación norteamericana)

El Tratado además prevé la protección de las inversiones extranjeras mediante la inclusión del mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés, Investor-to-State Dispute Settlement), que otorga el derecho exclusivo a los inversores extranjeros de demandar a un estado, ante tribunales privados poco transparentes, por promover políticas laborales o ambientales que choquen con los intereses de las empresas.

Pese a que la Comisión Europea (órgano encargado de las negociaciones) niegue sistemáticamente que esto pueda ocurrir, la opacidad con la que se están produciendo las negociaciones, el protagonismo de las multinacionales en éstas, las filtraciones de textos de la negociación y los cambios legislativos últimamente realizados en la normativa europea, apuntan a que el TTIP reforzará la política de recortes, privatizaciones y destrucción de derechos sociales y ambientales (Texto literal de la página noalttip.org)

Aunque el TTIP se está negociando con total opacidad, el secreto se ha guardado en según que contextos, y decimos esto al asociarlo con el espíritu de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Reforma Local, que el gobierno del Partido Popular se apresuró a promulgar en diciembre de 2013. La Reforma Local y la Reforma Laboral son, entre otras, normas diseñadas con el objetivo de allanar el camino al TTIP. Veamos cómo.

La Reforma Local, es sabido, supone la limitación de las capacidades por parte de los ayuntamientos de asumir los servicios que prestan directamente a la ciudadanía para entregarlos en bandeja de plata a la iniciativa privada, como queda claramente manifiesto en su preámbulo.
“Para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad.”
La Reforma Local, con el pretexto de la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, pretende la sumisión de los ayuntamientos al poder y a la tutela del estado, de las comunidades autónomas y de las diputaciones, cercenando de esta forma la autonomía municipal garantizada por el artículo 140 de la Constitución.

Con este hurto de competencias y servicios a favor de organismos supramunicipales, como las diputaciones, el gobierno del PP no busca otro objetivo que concentrar la demanda y facilitar de este modo la iniciativa privada para la gestión de los servicios municipales, sobre todo de los servicios sustanciosos como la recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, vivienda, urbanismo, transportes públicos, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos, gestión de cementerios y servicios sociales, por poner algunos ejemplos.

La concentración de la demanda consigue que el volumen de los servicios aumente considerablemente, favoreciendo así a las grandes empresas transnacionales, que pugnarán en las licitaciones ofertando precios muy competitivos en detrimento de la economía social. No olvidemos que esta reducción de costes la realizan mediante reducciones salariales a su personal y peores condiciones laborales, sin que esto repercuta ni en la mejora del servicio ni en el precio público o tasas que tienen que pagar los ciudadanos. Sirva de ejemplo el ahora boyante servicio de ayuda a domicilio.

La contratación pública con criterios y valores basados en la solidaridad y proximidad desaparece a favor de criterios basados exclusivamente en las leyes del mercado, lo que limita todavía más la capacidad de los ayuntamientos para aplicar normas en la áreas de salud pública, empleo y economía local, de medio ambiente y, lo que nos ocupa, servicios sociales; normas que además podrán ser denunciadas por las grandes empresas en un marco jurídico externo, los tribunales de arbitraje. Todo ello al margen del efecto perverso de que si una escuela infantil en Villabotijo de Abajo no es rentable, no se asume por la Diputación y directamente desaparece ya que el ayuntamiento no puede quedarse la gestión, aunque quisiera, por ser competencia impropia. Ahora imaginemos el paralelismo con cualquier programa de servicios sociales.

Se acabó el ladrillo, pero el capital es insaciable, así que las multinaciones han visto con meridiana claridad su oportunidad de negocio en los servicios sociales que, por mor de estas sanguijuelas, se encuentran en estado catatónico derivado del proceso complementario de reducción de la inversión pública y del aumento desproporcionado de las privatizaciones.

Como decíamos, normativa como la Reforma Local allana el camino al TTIP. Otro recorte puro y duro proviene del desmantelamiento del Plan Concertado, pero al no tratarse de una norma jurídica ni siquiera el legislador tiene que actuar, solo se trata de dejar morir el Plan Concertado por inanición. De la parte relativa a los profesionales ya se encarga la Reforma Laboral.

Pero no solo el gobierno central pone una alfombra roja al TTIP. En Andalucía el proyecto de ley de servicios sociales es tan escandalosamente mercantilista que supedita las prestaciones a la estabilidad presupuestaria (Art. 41) y dedica un título entero, el Título IV, a regular la iniciativa privada de tal modo que ni siquiera ofrece la menor oportunidad de supervivencia a la economía social, porque la ley está intencionadamente orientada a que los concursos los ganen empresas con experiencia y todo el mundo sabe quien tiene la experiencia en gestión externalizada. Reforma Local y Ley Andaluza de Servicios Sociales son, por consiguiente, mismos perros con distinto collar. No hay más que leer ambas disposiciones legales con detenimiento. Es más, es curioso observar como las dos están siendo objeto de un sofisticado despliegue propagandístico ¿Para qué el esfuerzo de publicitar normas que se venden solas? ¿No son tan beneficiosas a todas luces para la ciudadanía?

A estas alturas de la entrada habrá quien nos tache de conspiranoicos, es normal. Instamos, como prueba de lo contrario, a analizar con detenimiento el próximo plan andaluz de atención para personas en situación de dependencia con grado I. O mejor, ya que estamos en precampaña animamos a conocer qué fuerzas políticas están a favor del TTIP y cuáles en contra. En este enlace, o en cualquier otra noticia. Da igual: las piezas encajan.

África es una de mis preferencias musicales,
aunque decir música africana es atrevido ya que
África es un  vasto y heterogéneo continente.
Yamore, todo un clásico interpretado por dos grandes:
Salif Keita (Malí) y Cesaria Évora (Cabo Verde), recientemente retirada.

Salif Keita es albino. Si quieres conocer su historia y su causa, pulsa aquí.

Comentarios

  1. Excelente vuestro post Belén y Enriquetenia yo un borrador sobre el mismo asunto pero ya voy a descartar su publicación porque lo habéis clavado.
    Vuestro texto es de lectura imprescindible.
    Gracias por la aportación tan necesario daría.
    Besos

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    Respuestas
    1. ¡Muchas gracias María José! El tema es árido, nos alegra que haya suscitado tu interés. Besos para tí también.

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  2. Hay que luchar contra este chanchullo que es la ruina para este pais

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