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Tragar o no tragar

El pasado 24 de marzo ocho activistas de distintos colectivos de Euskadi iniciaron una huelga de hambre con el lema No Tragamos y el objetivo de que el gobierno vasco rectifique en su actual política de recortes a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Sus reivindicaciones son compartidas por un amplio sector de la ciudadanía y además cuentan con el apoyo de diferentes instituciones que se han sumado a la protesta. Transcribo aquí sus nombres con la disculpa anticipada por si alguno lo he escrito incorrectamente o me olvido de alguien:

  • EKAIN-REDES PARA LA INCLUSION SOCIAL: CONGD EUSKADI: Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, EAPN EUSKADI: Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi, GIZATEA: Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, HARRESIAK APURTUZ: Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes HIREKIN: Asociación de entidades de iniciativa e intervención social de Euskadi, REAS EUSKADI: Red de Economía Alternativa y Solidarias.
  • COLECTIVOS SOCIALES: Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos/Besarkatuz, PAH Bizkaia-Kaleratzerik EZ!; SOS Racismo; Erletxea (Punto Información y Agitación Social, Irún); Plataforma de Afectad@s por Lanbide de Gipuzkoa.
  • AGRUPACIONES DE PENSIONISTAS: Pentsionistak Martxan Bizkaia; Arabako Pentsionistak Lanean, Gipuzkoako Duintasuna Elkarteak.
  • SINDICATOS: ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS y CGT.
Unas semanas antes del 24 de marzo, concretamente el día 8, Paco Vega, un malagueño de 64 años comenzaba una huelga de hambre reivindicando la puesta en marcha de una renta básica para Andalucía, tal y como establece el Art. 23.2 de nuestro Estatuto de Autonomía: Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Lo que el Estatuto de Autonomía para Andalucía promulga no es una Renta Básica propiamente dicha sino una Renta Mínima, bien es verdad. Al margen de esta importante puntualización, el drama: Andalucía es una comunidad con 8.411.205 habitantes y 1.120.000 personas en paro según datos de la Encuesta de Población Activa de Andalucía del cuarto trimestre de 2016. O dicho de otro modo: Ocho millones y medio de personas y un millón ciento veinte mil parados. Otro dato: Andalucía lidera la tasa de pobreza por renta y producto interior bruto en España: un 29,3%, según EAPN Madrid. Ejemplos entre muchos otros que podríamos citar: Desigualdad, pobreza infantil, abandono escolar... cifras para la vergüenza que señalan con el dedo el fracaso de los sucesivos gobiernos del PSOE.

Para paliar la carencia de ingresos en Andalucía la mejor herramienta disponible es un Programa de Solidaridad de los Andaluces en tal estado de catatonia que el Defensor del Pueblo Andaluz, acosado por la hemorragia de quejas ciudadanas, ha amonestado a la Consejería en numerosas ocasiones. Es más, el Defensor del Pueblo acaba de solicitar una regulación transitoria en tanto se aprueba la nueva Ley de Renta Básica de Andalucía, solicitud basada en el informe especial que este órgano presentó el pasado diciembre.

La nueva Ley de Renta Básica es una vieja reivindicación, aunque de unos pocos colectivos sociales de esta comunidad: EAPN Andalucía, Zambra-Baladre, Plataforma de Afectados y poco más, sin embargo para las instituciones sociales relevantes no pasa de ser una moda. En consecuencia, tampoco es un asunto relevante para la ciudadanía. Es paradójico pero explicable que este subdesarrollo secular que padecemos en Andalucía rara vez se traduzca en alguna movilización ciudadana, al contrario que en Euskadi. En Euskadi no tragan. Aquí tragamos. Todos excepto Paco Vega. El 11 se reúne con la Consejera. Veremos...

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