lunes, 29 de enero de 2018

El tonto eres tú

Leo estos días en medios digitales análisis diversos sobre el fracaso de la izquierda en España y el mundo. En el centro del debate, el papel de la clase obrera y el abandono a su suerte por parte de los partidos de izquierda. Este artículo de la politóloga Arantxa Tirado y Nega, cantante de Los chikos del Maíz, lo resume a la perfección.  Pero este es un blog sobre trabajo social ¿Qué tiene que ver?


Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, se ha sumado al debate sobre la izquierda con un artículo titulado Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para corregirlo. El artículo es largo como su título así que, para lo que nos ocupa, el fragmento que me interesa resaltar es este:
(...) Una cuota obrera que obligue a las organizaciones a tener representantes de esos estratos sociales (...) Esta idea sería totalmente innecesaria si las cosas se hicieran bien, es decir, si la izquierda fuera de las clases populares y no solo se limitara a representarla. 
Este debate sobre la clase obrera me recuerda a ciertas actitudes que observo en la praxis profesional. Aunque no es lícito generalizar, existen dos polos en los extremos del continuo: De un lado, quienes piensan que su saber académico les hace poseedores de la verdad y se sienten legitimados para indicar a las personas atendidas lo que han de hacer, aplicando en la práctica un paternalismo que aborrezco.

Sin embargo también hay quienes, escudados en una suerte de trabajo social feng shui, consideran que lo importante es el buen rollo, llegando a entablar una especie de amistad cualificada. Idareta y Ballestero abordan lúcidamente la cuestión en el artículo Ética, Paternalismo y Burocracia en trabajo social:
El profesional que procede según el modelo centrado en la perspectiva del usuario tiende a respetar sus decisiones y su bienestar, mientras que el que actúa según el modelo centrado en la perspectiva de la institución tiende a actuar de modo paternalista o antipaternalista con el usuario.
Porque en realidad ni quienes actúan guiados por la perspectiva paternalista ni quienes lo hacen desde un principio anti paternalista están centrados en la perspectiva del usuario, sino en la institución o en sí mismos, de un modo u otro. La relación y la tarea son dos aspectos que deben complementarse, la primera es responsabilidad nuestra, la segunda es compartida.

Se equivocan quienes pretenden dirigir la vida de las personas atendidas. Si me pidieran un solo consejo, uno solo, para la gente que acaba de terminar la carrera les daría este: los usuarios no son tontos. Lo digo en sentido literal. No es necesario ni conveniente dirigirles la vida. Son competentes. Félix Castillo lo explica muy bien en este vídeo de 20 minutos titulado El comportamiento no se puede cambiar.

Cuando digo que no son tontos también me refiero al hecho de que saben diferenciar una relación genuina de una que no lo es, y lo más importante: tampoco buscan una amiga. No estamos ahí para serlo, aunque no digo que no existan excepciones tras una intervención determinada, como ha sido mi caso con alguna usuaria. Es absurdo creer que desde el colegueo se acompaña mejor. Una cosa es ser empática y otra simpatica, máxime cuando la intervención no marcha como nos gustaría y nos vemos impelidas a cambiar de contexto de intervención profesional.

Es tan erróneo pensar que el buen rollo ayuda y que somos iguales como que Garzón, doctor en Economía, pretenda hacernos creer que la izquierda tiene que ser clase popular cuando las élites de IU y Podemos están plagadas de universitarios provenientes de familias burguesas acomodadas. A menos que se aparten para dejar sitio, comenzando por él. Lo demás es hacer pasar a la clase obrera por tonta. Porque los usuarios y usuarias, en su mayoría clase obrera, no son tontos. A lo mejor el tonto eres tú, seas coordinador de Izquierda Unida o yo, trabajadora social.

Johnny Cash
Personal Jesus 
cover Depeche Mode

lunes, 22 de enero de 2018

La importancia de la prescripción facultativa

En cada vez más casos vivo o detecto conflictos motivados por la colisión entre lo que la persona o familia demanda en servicios sociales y la prescripción de la profesional del trabajo social, sobre todo a la hora de tramitar recursos de la Ley de Dependencia. La familia suele argumentar que tiene derecho a este o aquel recurso, ya que la resolución del grado de dependencia que recibe incluye el listado de entre los que ha de elegir.

He escrito en cursiva el verbo elegir porque en realidad la familia no elige el recurso sino que es la trabajadora social quien lo prescribe a través de la herramienta denominada PIA (Programa Individual de Atención), que no es más que una prescripción facultativa (más o menos), tras una valoración que incluye el derecho de la familia a ser escuchada. Esto es así en Andalucía, al menos hasta que sea aprobado el nuevo decreto de procedimiento de dependencia, en fase de borrador. El trámite de consulta, que forma parte del PIA, es la garantía que la familia ha sido escuchada, sin embargo como he dicho no es la familia quien elige. Esto tiene sus consecuencias, que nos pueden llegar a ocasionar quebraderos de cabeza con derivas judiciales y deberíamos estar preparadas para ello, al margen del imperativo ético de realizar una buena intervención.

La prescripción facultativa es una herramienta muy poco valorada en trabajo social, por mucho que se diga lo contrario, porque está muy poco elaborada. Es normal, puesto que la mayoría de trabajadores sociales nos desenvolvemos en un sistema, el de servicios sociales, en el que la prescripción facultativa está mediatizada por muchas cuestiones que conocemos y darían para otra entrada (vistos buenos, etc.)


Es básico diferenciar la prescripción facultativa del derecho. Observo mucha confusión al respecto no solo en las familias sino entre las propias profesionales, palpable mayoritariamente en debates sobre prestaciones económicas. El hilo es el que sigue: Como profesionales comprometidas con el principio de justicia social es casi obligada la lucha por el establecimiento de derechos sociales cualesquiera que sean: a ser atendida si me encuentro en situación de dependencia, a un ingreso que garantice la subsistencia, a recibir servicios sociales, etc. 

Después cabría diferenciar dos asuntos: qué sistema ha de gestionar ese derecho y si la articulación del derecho en particular requiere de una valoración profesional. Pondré como ejemplo la renta básica, tan en boga últimamente, suponiendo que existiese como derecho subjetivo en nuestro país:
  1. Si abogamos por la renta básica incondicional, sería un derecho a garantizar por un sistema (inexistente) de garantía de rentas o por la propia Agencia Tributaria.
  2. Si abogamos por un sistema de renta mínima incondicional habría que tramitarlo para las personas con rentas bajas, por lo que es necesaria una criba, pero tampoco requeriría de valoración por parte de ninguna trabajadora social, puesto que es una criba meramente económica.
  3. Si abogamos por un sistema de renta mínima condicionado a la inserción laboral, debería gestionarse por el sistema de empleo y por una profesional cualificada para diseñar y acompañar en el itinerario de inserción laboral, que podría ser trabajadora social de los servicios de empleo.
  4. Si abogamos por un sistema de renta mínima condicionado a la inserción social, debería gestionarse por el sistema de servicios sociales y por un equipo o trabajadora social para diseñar y acompañar en el itinerario de inserción social (no me interesa en este punto entrar en quién o quiénes).
En los casos 3 y 4, la trabajadora social habría emitido prescripción facultativa (que puede ser vinculante o no) previa al proyecto de intervención, prescripción producto de una valoración diagnóstica, para la que se requiere la cualificación que nuestros estudios nos proporcionan y la colegiación profesional, además del encargo institucional a través de las funciones que en nuestros contratos de trabajo o relación de puestos de trabajo se establecen.

Se puede dar el caso contrario, es decir, actos profesionales que sean objeto de los servicios sociales y no requieran valoración profesional, como puede ser la tramitación del título de familia numerosa, en cuyo caso tampoco debería ser objeto de atención de la trabajadora social sino de unidades administrativas, ya que en realidad es un acto administrativo que no requiere ninguna valoración ni diagnóstico ni mucho menos intervención.

La elaboración del diagnóstico, sustento de la prescripción facultativa, no es tema menor. Requiere de un análisis o estudio en profundidad de las circunstancias de la persona a través del manejo de herramientas científicas, como pueden ser escalas, además de las técnicas propias de la disciplina y el momento. Implica una evaluación preliminar y ofrece una guía para acompañar a la persona o familia en la mejora de su situación. Nada más y nada menos.

Realizar un diagnóstico es un acto profesional que, como diría María Jesús Brezmes, significa desplegar la mirada experta, ver más allá. En mi opinión, hay dos momentos clave en intervención social: el análisis de la demanda y el diagnóstico (en otra entrada hablaré del análisis de la demanda). Si somos capaces de realizar un buen diagnóstico con la participación de la familia en el proceso, la prescripción facultativa posterior no debería ocasionarnos conflictos. Y si aún así existe reclamación, que sería raro, estaremos preparadas para asumirla con la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo, como es nuestra obligación.

The Cranberries
Animal instinct
Dolores O´Riordan DEP

lunes, 15 de enero de 2018

La protección, también judicial, de las personas mayores

Imagen vía fantova.net

Joaquim Bosch Grau es un juez muy conocido por haber sido portavoz de la progresista Asociación Jueces para la Democracia. Tiene una actividad intensa en twitter y el pasado diciembre fue noticia por el tweet que inicia la entrada. Una reflexión, la suya, que me dio mucho que pensar ya que por desgracia he vivido situaciones parecidas a la que narra y tengo bastante experiencia con personas mayores en procesos de abandono o maltrato.

Fernando Fantova hace una interesantísima disertación en su blog, desgranando las causas en una entrada titulada Crisis de cuidados y sostenibilidad relacional, también al hilo del tweet del juez Bosch; suscribo su reflexión. El tema ha calado, incluso El País ha publicado un artículo titulado Cuando la soledad mata. Básicamente estoy de acuerdo con el contenido, no obstante matizaría dos cuestiones, la primera, que la muerte es la punta del iceberg y la segunda, que se dan importantes diferencias entre la España rural y la urbana. En el ámbito rural es algo excepcional encontrar un cadáver de una persona anciana que lleve muchos días fallecida porque afortunadamente las redes vecinales funcionan, lo que no significa que no se produzcan abandonos o malos tratos, solo que los procesos son distintos (el fondo del iceberg). Al menos en Andalucía. Sería interesante acudir a las estadísticas.

Existe un doble rasero hacia las personas mayores: aquellas activas (un término que no me gusta) se han convertido en foco de atención de la clase política como fieles votantes que son en su mayoría, lo que se traduce en políticas de envejecimiento activo. Aunque frecuentemente están mal formuladas constituyen una importante oferta de ocio, atención médica, etc. En cambio, no existe una red de atención integral en el caso de personas mayores en procesos de exclusión o abandono, prueba de ese desinterés es, además de la deficitaria red de cuidados profesionales, la escasa legislación al respecto y/o el desconocimiento sobre cómo aplicarla por parte de los Juzgados de Primera Instancia. Mi experiencia profesional es que en estos temas los juzgados andan muy perdidos.

La legislación sobre protección de las personas mayores es variada pero inconexa: El Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, leyes que regulan el tratamiento y la protección de personas con discapacidad (con la Convención de Nueva York a la cabeza) y leyes autonómicas como la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía.

Las leyes están ahí, sin embargo la realidad es que los juzgados son muy reticentes a actuar en casos de vulneración de sus derechos, bien por desconocimiento, bien por no judicializar asuntos de familia, hasta el punto de que en más de una ocasión los miembros del equipo de servicios sociales hemos tenido que acudir a los juzgados con las leyes literalmente en la mano o con el famoso informe del fiscal Santos Urbaneja para rogar que se actúe. Incluso hemos padecido dinámicas de peloteo Fiscalía de Incapacidades - Juzgado de Primera Instancia dignas de una final de Roland Garros.

En este país urge un cambio de perspectiva sobre el trato que la sociedad dispensa a las personas mayores. Dado que es un objetivo difícilmente alcanzable a corto plazo comencemos por lo básico: la puesta en marcha de un protocolo integral de actuación para estos casos (en Andalucía no existe), a la manera del SIMIA, un protocolo de atención integral en maltrato a personas menores. Ello obligaría a todos los implicados a actuar, comenzando por los juzgados, y facilitaría muchísimo la intervención, que la rapidez y la eficacia son obligadas en estos casos.

Por fortuna, hay miembros del poder judicial sensibilizados con esta cuestión y críticos con el sistema como Santos Urbaneja o el propio Joaquím Bosch, al que felicito por su tweet y le recuerdo que cuando los lazos familiares o los servicios sociales fallamos son ellos, los juzgados, los que tienen que actuar. Y si no lo hacen, también están fallando.

Anoushka Shankar
Lasya
Se trata de una intérprete de sitar que es hija del también maestro del sitar Ravi Shankar.
Anoushka es además hermana de padre de Norah Jones.

Con su padre...

Con su hermana...

martes, 9 de enero de 2018

Peligrosas cabalgatas, por Elena Salinas y Belén Navarro

Imagen vía AMPA Virgen del Carmen

Las cabalgatas de reyes han cobrado una importancia capital en nuestros pueblos y ciudades, mucha más que el estado de las calles sobre las que discurren, por ejemplo. Una semana antes, la prensa nos desgrana con todo lujo de detalles, vía declaraciones de concejal o concejala del ramo, los miles de kilos de caramelos que van a volar sobre nuestras cabezas o a estamparse contra ellas, depende, el triste repertorio de animales que van a desfilar, o el número de personas y colectivos implicados en tan regio evento. Sociedad líquida, noticias líquidas. Insustanciales, en el mejor de los casos.  

En otros, por desgracia un acontecimiento trivial como es una cabalgata de reyes se convierte o mejor dicho la convierten en casus belli por algo verdaderamente peligroso como es la aparición de una carroza LGTBI, pues es ampliamente sabido el historial de la Drag Queen La Prohibida como hacedora de homosexuales por aquí y por allá o la concupiscencia que destilan los pijamas de animalitos que lucieron tanto ella como el resto de integrantes de la carroza en cuestión. Afortunadamente se impuso la cordura en los juzgados ¡los juzgados! y la carroza desfiló en Vallecas entre aplausos y vítores. Gracias, Vallecas, por existir.

Por si fuera poco también se convirtió en noticia, y no precisamente insustancial, el siguiente tweet:

Una imagen muy tierna para una cabalgata de reyes...

Dado que no entendíamos el tweet de marras, no nos quedó más remedio que dirigirnos a la fuente en el ABC, periódico progresista donde los haya. En ella se informa de que se han consultado los antecedentes penales del personal de la cabalgata como parte de las medidas de seguridad antiterroristas, y mira por dónde han encontrado tan revelador dato que seguimos sin saber muy bien cómo interpretar ¿Se trata de un ataque a Manuela Carmena por utilizar delincuentes en actividades dirigidas a los más pequeños? ¿Qué tienen que ver los antecedentes por robos y drogas con el terrorismo?  

No obstante, en nuestra opinión, el meollo de la cuestión es ¿No tienen derecho estas personas a ganarse la vida trabajando en lo que puedan? ¿No es eso lo que la sociedad les pide, que se reinserten? Es lo que promulga el artículo 25.2 de la Constitución Española, la misma Constitución que el PP no duda en enarbolar para según qué casos.

A nosotras nos gustaría que no hubiese sido un 5, sino un 10, o un 20 por ciento las personas con antecedentes que hubieran trabajado ese día. Y si la noticia hubiera sido la obtención por parte de estas personas de un empleo digno y estable, mucho mejor. Creemos en la reinserción de personas presas y exreclusas, hasta en la de Chiquetete, condenado por violencia machista. Paradojas de la vida, no fue La Prohibida sino un heterosexual, Chiquetete, quien rompió los sueños de los niños y niñas en Reyes. Qué cosas...

La Prohibida
Ganas de matar